Estamos siendo testigos de cómo el gobierno andaluz de Moreno Bonilla está desplegando a marchas forzadas un plan de desmantelamiento de la Sanidad Pública en nuestra comunidad andaluza.
El último escándalo del fichaje del viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, por una de las principales compañías de seguros privados de España, el grupo ASISA, a la que benefició con hasta 14 contratos a dedo por una cuantía de hasta 44 millones durante su etapa como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es un claro ejemplo del objetivo indisimulado de los políticos de beneficiar a los empresarios con el pastel de la sanidad y del premio por los servicios prestados, las llamadas: puertas giratorias.
El cese del viceconsejero se dió precisamente por el escándalo por la publicación de los datos de pacientes en lista de espera:
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de listas de más de un millón de ciudadanos, es decir, del 12% de la población andaluza.
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con el aumento del 227% de los que habían rebasado el máximo legal para cirugía.
Además, durante su mandato en la consejería otorgó la acreditación como hospital universitario a dos clínicas del Grupo Asisa, una de ellas concedida 14 días antes de su cese.
Entre las políticas de beneficiar a la empresa privada, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, como fórmula magistral para reducir el problema de las listas de espera, había derivado 734 millones de euros, destinados para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, a la sanidad privada, con contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva, prorrogados hasta 2 años después de la pandemia, que tras comprobarse su falta de anclaje legal dispararon el aumento en las listas de espera junto al cese de varios altos cargos. Pese a todo este escándalo, el gobierno acaba de reactivar de nuevo un presupuesto de 88 millones más para seguir favoreciendo a las clínicas privadas.
La otra cara de la política de privatización está también en la asfixia del servicio público hasta destrozarlo, maltratando a los trabajadores sanitarios. Por ello, la sanidad andaluza lleva desde 2021 sin actualizar la bolsa de empleo de la que dependen 300.000 sanitarios sin plaza, despidió a 12.000 sanitarios en septiembre de 2023 y se vienen cerrando en toda la comunidad hospitales, plantas, centros de salud por las tardes, se eliminan especialistas de los barrios, resonancias, etc…
Todas estas políticas tienen su resultado, que se observan tanto en la proliferación de aseguradoras privadas empujadas por el grave deterioro del servicio sanitario que dan en hospitales y centros de salud como en sus beneficios crecientes declarados durante estos años. Un auténtico y descomunal trasvase de riqueza de los sueldos de los trabajadores hacia los empresarios gracias a la intervención de la administración, cuyo objetivo encomendado está cumpliendo religiosamente: robar a los que producimos toda la riqueza para dársela a los que se enriquecen a nuestra costa. Unas políticas que llevan a cabo los gobernantes de uno u otro signo político, amparados en unas leyes estatales que lo permiten, por lo que es cómplice también el gobierno de la nación, el más “progresista de la historia”.
El desmantelamiento del sistema de salud pública redunda en cualquier población en una reducción de la esperanza de vida, que afecta a toda la clase obrera, y a las condiciones de salud durante toda la vida y en especial a nuestros mayores, más necesitados de estos servicios. Sólo los trabajadores organizados podemos hacer frente ante un ataque criminal de este calibre.
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