De esta forma, los consulados españoles han acumulado el despido de dos compañeros trabajadores en el consulado de Madrid que conformaron la Sección Sindical de ASC en dicho centro de trabajo, juicio recientemente celebrado, por vulneración de derechos fundamentales, donde la defensa solicita el despido nulo y una indemnización económica, a lo cual se ha sumado completamente el Ministerio Fiscal.
Añadir a estos, el despido de otra compañera en Barcelona, además del proceso de acoso laboral al que está siendo sometido el compañero Luigui, trabajador de la oficina de Sevilla y delegado sindical de la Sección Sindical de ASC en dicho centro, al que han amonestado con dos faltas disciplinarias leves igualmente inventadas, así como otra falta grave, con sanción de dos días sin empleo y sueldo. Un proceso de acoso que se remonta al año 2020, cuando el compañero reclamó judicialmente el reconocimiento de su categoría profesional, y que fue atendida mediante acuerdo previo al juicio, pero que a consecuencia de tal reclamación ha sido degradado en sus funciones, así como ha sido blanco de un trato despótico por parte sus superiores, que ha desembocado en las sanciones por causas inventadas, y que previsiblemente buscan argumentar con ellas su despido en el corto plazo.
Estas son las respuestas que el cuerpo diplomático peruano ofrece ante el primer intento de organización sindical de sus trabajadores en todo el mundo. Y demuestra el carácter clasista y soberbio de sus responsables.
Así, la élite diplomática peruana en España, designada por el Gobierno dictatorial que rige actualmente en dicho país, replica contra sus trabajadores el mismo proceder que el Gobierno de Perú lleva realizando en su país contra su propio pueblo levantado en lucha durante meses, desde que fuera destituido y encarcelado el anterior dignatario Pedro Castillo mediante un golpe de estado parlamentario, quien sí fue erigido Presidente con el voto democrático del pueblo. De manera que la actual presidenta, Dina Boluarte, ha aplicado contra las protestas masivas del pueblo peruano la represión máxima, vulnerando los derechos humanos más básicos de los peruanos hasta llevar a la muerte a decenas de ellos.
En sintonía con su Gobierno, esta cúpula dirigente diplomática actúa con un desprecio clasista hacia sus subordinados, y su engreimiento y prepotencia les lleva a declarar con total impunidad, en acto en la sede oficial de mediación del SERCLA, así como en los juzgados españoles, no reconocer la legislación española como competente en las oficinas consulares, mostrando de manera prepotente su disposición a mantenerse fuera de la legalidad española, desconociendo las sentencias judiciales de los juzgados españoles, es decir declarándose en rebeldía ante la justicia.
Unas sentencias que los propios juzgados no obligan su ejecución en base al principio de inmunidad diplomática, lo que los convierte en instituciones fuera de la ley en suelo extranjero, cuando por su carácter de diplomáticos debieran ser justo lo contrario, mantener un escrupuloso respeto por la legislación del país al que son acogidos y servir de ejemplo de pulcritud, por su función de representantes de su país. En este caso, el cuerpo diplomático muestra un reflejo de lo que es el propio régimen peruano. No es de extrañar que la propia cónsul destinada a la oficina de Sevilla, Dª Rosario Botton Girón, artífice de la persecución al compañero Luigui, ha sido destinada a Sevilla tras la llegada a la Presidencia de Perú de Dina Boluarte, de la cual fue mano derecha en el Ministerio de desarrollo e inclusión social en su etapa anterior a la actual presidencia.
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