CCOO y UGT una vez más cómplices del atropello a los trabajadores de Indra

El desarrollo actual del capitalismo hace que en todos los sectores de la producción, la patronal aumente el nivel de explotación sobre los trabajadores. El sistema está agotado y la única forma de amortiguar el descenso constante en la tasa de ganancia de los capitalistas, es aumentar la tasa de explotación sobre los trabajadores.

 

Lejos del mito que algunos trabajadores albergan aún sobre la estabilidad del empleo en el sector TIC, los despidos se producen de forma generalizada en todo tipo de empresas, y los ERTEs y EREs se convierten en una tónica tan habitual como en otros sectores. Los despidos se han convertido en parte de la gestión de recursos humanos en muchas empresas, que ya directamente planifican cómo y cuándo despedir para “optimizar” las plantillas.

 

Dentro del sector TIC, una de las empresas que más regularmente aplica el despido colectivo “como proceso natural de gestión de RR.HH.” es Indra. Para la aplicación de estos Expedientes de Regulación de Empleo, las direcciones de las empresas cuentan siempre con la colaboración inestimable de sus sindicatos, CCOO, UGT y USO entre otros.

 

En 2015, CCOO, UGT y USO firmaron un ERE en Indra Sistemas que supuso el despido de 1.750 trabajadores. Justo a continuación de hacer efectivos estos despidos, Indra compraba la empresa Tecnocom, con más de 4.000 trabajadores, de los cuales ya tenía planeado despedir a unos 500, además de incorporar a unos 2.000 becarios. De esta forma, estos sindicatos se convierten en cómplices de una estrategia empresarial destinada a abaratar costes, reduciendo las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso por la vía del despido de trabajadores con mejores condiciones para posteriormente contratar más barato.

 

Esta infame estratagema pretenden venderla los sindicatos del sistema como pequeñas victorias de su gestión, utilizando la pantomima del mal menor. El plan es bien sencillo, pues basta con que la empresa anuncie la intención de aplicar un ERE para 1.000 trabajadores, para que después de “acordar” uno para 500, sus sindicatos puedan vender que han reducido los despidos en 500 trabajadores.

 

Cuando el paripé se vuelve recurrente en el tiempo, como ocurre en el caso de Indra, la desfachatez de estos sindicatos sale aún más a la luz al volver a participar en el mismo teatrillo que ya es imposible de justificar. Las declaraciones públicas mostrándose en contra del ERE serían un chiste si no fuera por la gravedad de sus actos al ser cómplices de mandar a la calle a miles de trabajadores.

 

 

 

Evidentemente el resultado es el ya esperado por cualquiera que conozca aunque sea un poco a estos sindicatos, y el pasado 19 de noviembre quienes se oponían y pedían la retirada del ERE, llegaban a un acuerdo para el despido de 580 trabajadores. Lejos de esconderse y agachar la cabeza ante semejante infamia, todavía pretenden vender como un éxito su gestión de la que, no olvidemos, estos sindicatos cobran suculentas comisiones.

 

Hay que estar muy ciego para no ver el modus operandi de estos sindicatos que ya nada tienen que ver con la clase trabajadora, y que son herramientas del sistema para terminar de avasallar con los pocos derechos que nos quedan.

 

Los trabajadores hemos de dejar de lado estas organizaciones anti-obreras y organizarnos en torno al sindicalismo de clase, la única herramienta que nos permite frenar los ataques de la patronal y luchar por verdaderas mejoras. Sólo acabando con el oportunismo en el movimiento sindical y organizándonos en un verdadero sindicato de clase como la Coordinadora Sindical de Clase, los trabajadores podremos avanzar en la lucha por nuestros puestos de trabajo, por unas condiciones dignas y por un futuro para nuestra clase.

 

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, ÚNETE A CSC!

 

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Proceso de concentración bancaria: Fusión de Caixabank y Bankia

 

La semana pasada se dio a conocer la noticia sobre la posible fusión entre CaixaBank y Bankia, negociaciones que ya se habían iniciado antes del verano, y cuyo resultado supondría un banco de gran tamaño que forzará a otras entidades a iniciar procesos de fusión similares para sobrevivir. Las fusiones o absorciones en el sector no son nada nuevo, desde 1975 el negocio bancario ha crecido un 7300%, periodo en que los grandes bancos han ido absorbiendo a sus competidores hasta concentrarse en grandes imperios bancarios.

Con este proceso de fusión la clase trabajadora pierde mucho: el Estado -sustentado en un 84% por los impuestos a los trabajadores- pierde el control de Bankia en la fusión con CaixaBank y allana su salida futura sin recuperar las ayudas que le fueron regaladas. O lo que es lo mismo, el Estado regala a CaixaBank todo lo invertido en Bankia, que es mayoritariamente el dinero de los trabajadores. Además, se da vía libre a la entidad resultante para realizar cuantos ajustes de plantilla considere necesarios, sin ningún tipo de cortapisa. Así, peligra el puesto de trabajo de miles de trabajadores hoy y, además, se consolida el trabajo precario en el futuro, eliminando puestos de trabajo con condiciones laborales mejores y sustituyéndolos por puestos de trabajo precarios.

Desde la crisis del 2008 se ha reducido considerablemente el número de entidades y, entre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y despidos, 100.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), una medida que ha pasado a lo largo del tiempo de ser el penúltimo recurso de las empresas antes del concurso de acreedores, a formar parte de la política de recursos humanos como un proceso estándar más para “reestructurar” las plantillas – lo que viene siendo para reducir costes de personal y obtener así aún más beneficios -, siempre con la inestimable ayuda de CCOO y UGT, que firman cuanto la patronal y las empresas les ponen por delante. 

Pero el trabajo no ha desaparecido, sino que se ha trasladado a empresas como CSOip, creada por Bankia expresamente para hacer el mismo trabajo por menos salario y con condiciones laborales cada vez más precarias. Pasan a los trabajadores del convenio de la banca a convenios como el Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública o también llamado Convenio TIC.

Los Convenios Colectivos creados ad hoc -como es el convenio de TIC, al cual están adscritos en CSOip- para rebajar las condiciones laborales son una trampa de estos bancos para liquidar los Convenios Colectivos con mejores condiciones laborales -como el de la banca- y rebajar los salarios, las condiciones laborales y ahorrar millones de euros en costes. De esto también debemos darles gracias a CCOO y UGT que han sido quienes han vendido a los trabajadores firmando estos Convenios Colectivos de miseria.

Y todo esto ocurre con el Gobierno autodenominado ”más progresista de la historia”, quedando meridianamente clara la fusión de los monopolios y el Estado donde el poder financiero lo dirige absolutamente todo y no deja ningún margen para reformas, independientemente del color con que nos las quieran disfrazar los políticos de turno al servicio del capital. 

Este proceso de fusión deja bien clara la naturaleza del capitalismo, que no es otra que la rebaja de las condiciones de los trabajadores para el enriquecimiento, cada vez mayor, de una burguesía dueña de los medios de producción y del capital financiero que nos lleva al precipicio de la miseria moral y material para los trabajadores.

Los trabajadores debemos dar una respuesta, por ello, te hacemos un llamamiento a organizarte e incorporarte a las filas del sindicalismo de clase para podernos confrontar a la Dirección de la Empresa, que es la fórmula que la historia y experiencia de la lucha de los trabajadores certifica para conquistar derechos y dar pasos hacia adelante en condiciones de vida.

 

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) y participa en la mejora de nuestras condiciones de vida!

 

¡ORGANÍZATE Y LUCHA!

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CCOO y UGT en defensa de los crímenes del franquismo

El carácter de clase del Estado español se muestra cada día más abiertamente. Por mucho que algunos pretendan esconder su esencia, son constantes las muestras que dejan claro una y otra vez que la transición fue una farsa para instaurar una monarquía parlamentaria, que puso como jefe del Estado al heredero del franquismo (convertido hoy en un ladrón huido) y sin ninguna depuración del régimen predecesor en ningún momento (ni en las fuerzas de seguridad, ni en el poder judicial, etc.) Por tanto, actualmente, el franquismo sigue completamente institucionalizado.

Ha tenido que venir esta vez una jueza argentina a destapar, nuevamente, las vergüenzas de la judicatura nacional y acusar de crímenes de lesa humanidad a altos cargos franquistas, entre otros Rodolfo Martín Villa, ex procurador en las Cortes franquistas, vinculado con el Sindicato Vertical durante la dictadura, llegando a ser presidente del Sindicato nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, acusado por algunos de haber ordenado destruir los archivos pertenecientes a la antigua Falange Española Tradicionalista y de las JONS, con la intención de destruir así pruebas incriminatorias, conocido popularmente como “la porra de la Transición”​ debido a la excesiva dureza que las fuerzas de seguridad empleaban para reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles y acusado de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones fascistas.

Ante esta acusación, los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han dirigido a la jueza argentina cartas de apoyo a Martín Villa.

A esta infame lista se suman también ‘líderes’ sindicales como Nicolás Redondo (UGT), Antonio Gutiérrez (CCOO), Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CCOO), todos ellos ex-secretarios generales de UGT y CCOO respectivamente, mostrando la verdadera cara de estas organizaciones como cómplices absolutos de la represión que ha sufrido y sufre la clase trabajadora.

Todo esto demuestra claramente la complicidad de las cúpulas de estos sindicatos traidores con la impunidad franquista, impunidad que dura más de 4 décadas gracias a la Ley de Amnistía del 77, a pesar de las exigencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo o del Consejo de Europa a los distintos gobiernos españoles de juzgar los crímenes franquistas.

Para que el franquismo haya continuado institucionalizado hasta día de hoy, hace falta la colaboración entre franquistas y oportunistas, porque son estos últimos quienes pactaron que el fascismo siga viviendo y esté muy presente en las instituciones, quienes apoyan ya abiertamente a ex altos cargos franquistas y no se cansan de defender las ‘bondades’ de la transición, que no fue más que una gran traición a la clase trabajadora y demás clases populares del Estado español.

Ahora CCOO y UGT se suman de manera más explícita si cabe aún a esta lista de cómplices del franquismo, y de esta forma muestran sin quererlo a la clase trabajadora cuál es el camino a seguir: Acabar con estas instituciones traidoras y reaccionarias.

Sólo acabando con el oportunismo en el seno de la clase trabajadora, ésta podrá organizarse en la defensa de sus derechos. Es hora de romper con organizaciones que no nos representan y organizarse bajo el sindicalismo de clase.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, ÚNETE A CSC!

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Nuevo local de CSC en Sevilla

Desde la Coordinadora Sindical de Clase queremos anunciar a todos los trabajadores que, fruto del crecimiento de nuestro sindicato y gracias exclusivamente a la aportación que los afiliados hacemos, podemos disponer de un nuevo local en la provincia de Sevilla en el que atender a cualquier trabajador.

Este local servirá también para celebrar reuniones, asambleas, continuar con las labores de organización y coordinación entre los sindicatos AST y CSC hasta que se consume nuestra fusión y, en definitiva, para desarrollar de manera más efectiva nuestra actividad sindical. El local estará igualmente disponible para cualquier acto que vaya en pos de los derechos de la clase obrera.

El local se encuentra situado en la Avenida de Hytasa, 12, Edificio Hytasa 12, planta 2, módulo 15. El horario de atención para cualquier trabajador que desee acudir, es de 18:00 a 20:00 todos los miércoles, pero atenderemos en cualquier otro horario mediante cita previa al teléfono 666 160 173.

COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (C.S.C.)

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2 años de prisión por denunciar facturas falsas en UGT Andalucía por valor de 40 millones

Roberto Macías, extrabajador de UGT Andalucía que denunció ante el periódico "El Mundo" una supuesta trama en el sindicato para desviar subvenciones por valor de 40 millones de euros mediante la emisión de facturas falsas destinadas a cursos de formación, ha sido condenado por la jueza del juzgado de lo penal nº 15 de Sevilla a 2 años de prisión por revelación de secretos.

La jueza no ha considerado aplicable la directiva europea de protección de denunciantes de corrupción, vigente desde el pasado diciembre de 2019 y que exime de responsabilidad judicial en casos de revelaciones públicas como éste, argumentando la jueza que no ha sido traspuesta aún por el parlamento al derecho nacional. Cuestión pendiente desde el año 2017, donde todos los grupos parlamentarios se comprometieron a hacerlo ante la Plataforma por la Honestidad, asociación surgida inicialmente en apoyo de Ana Garrido, funcionaria que destapó la trama Gürtel, y a la que se fueron añadiendo otros denunciantes de corrupción, como el exteniente Luis Gonzalo Segura, o el propio Roberto Macías. No obstante, la tramitación de dicha ley se encuentra convenientemente empantanada desde entonces.

La trama destapada por Roberto Macías permitió que se abriera juicio oral por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil a los exsecretarios generales de UGT-A, Francisco Sevilla y Manuel Pastrana, exculpado por enfermedad, y otras 13 personas dirigentes del sindicato y proveedores, e impuso una fianza de 40,7 millones a UGT, como responsable civil subsidiaria, al considerar el juez que hay indicios suficientes.

La organización sindical, que también se encuentra implicada en múltiples casos de delitos de corrupción en todo el territorio nacional, lejos de pedir perdón por los hechos destapados, depurar responsabilidades entre los infractores, reconocer el delito y devolver el dinero, arremetió contra el denunciante de corrupción, he inició la demanda pidiendo 4 años de prisión y 60.000 € por daños morales.

Modestamente, desde el sindicato provincial de CSC en Sevilla, colaboramos con Roberto para que pudiera defenderse judicialmente ante esta demanda, no solo por una cuestión de solidaridad con un trabajador, uno de los nuestros, sino también porque creemos en su lucha y somos partícipes de ella.

Desde CSC, la actuación deplorable de un sindicato corrupto como UGT, arremetiendo contra sus trabajadores para encubrir sus corruptelas, no nos coge de sorpresa, pues pese a autodenominarse sindicato de clase, su práctica diaria consiste en la traición a los trabajadores, con la firma de convenios colectivos donde se pierden derechos, de despidos colectivos (ERES, ERTES) con los que se llevan suculentas comisiones por cada despedido, a la par que facilitan a las empresas deshacerse de sus plantillas, pagando sueldos con fondos públicos, etc. Todo ello en pago por las millonarias subvenciones que recibe de las instituciones estatales y de la UE. Es más, en la actualidad, UGT tiene abiertos varios procesos por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados inicialmente a la formación y que parece ser que fueron destinados a otros fines más oscuros.

Es por ello que, desde estas instituciones, que deberían estar protegiendo el interés de los ciudadanos, se prestan a proteger a uno de sus sindicatos, que buen servicio les presta para justificar la implementación de toda suerte de recortes y reformas contra los trabajadores. Así podemos ver cómo, según la prensa, el anterior gobierno de Susana Díaz, ocultó un expediente que exigía devolver 18 millones de euros a UGT.

Igualmente, en el juicio a Roberto Macías, la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en su contra, y alineándose con las tesis demandadas por UGT, en clara connivencia, llegó a pedir 3 años de cárcel y 60.000 € de indemnización, así como tomó la postura contraria a la aplicación de la directiva europea. Posición que finalmente asumió la jueza, y que persigue anular el proceso judicial por corrupción contra UGT, pues con esta sentencia pretende que las pruebas reveladas por Roberto queden anuladas como pruebas obtenidas de manera “ilícita” (situación que la directiva europea impide), y este es el único fin que realmente perseguía UGT-A para librarse de su procesamiento.

En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción defendiendo a los corruptos, atacando al denunciante de corrupción mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.

Desde CSC apoyamos y nos solidarizamos nuevamente con Roberto Macías, por su valiente defensa de la justicia ante todo un sistema corrompido, y le animamos que lleve su caso hasta las instancias judiciales europeas, que, a pesar de ser igualmente organismos destinados a preservar los intereses de una minoría que conforma una élite económica, tantos reveses han dictado ya contra las resoluciones de una justicia española que pugna por ser la más reaccionaria de Europa.

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CCOO deberá indemnizar a su abogado con 100.000 euros por tenerlo como falso autónomo durante 35 años

El magistrado titular del Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza, ha condenado a CCOO de Aragón a indemnizar con casi 100.00 euros a un abogado que trabajaba para el sindicato por haberlo tenido como falso autónomo durante 35 años. Igualmente, ha declarado improcedente su despido y obliga a la Federación de Servicios para la Ciudadanía (FSC) de dicho sindicato a readmitirlo o compensarle económicamente.

El pasado 18 de febrero, los medios publicaban que la Inspección de Trabajo de Murcia había levantado 292 actas de infracción contra Glovo considerando que otros tantos repartidores de comida a domicilio de la plataforma no eran autónomos y sí trabajadores por cuenta ajena, además de reclamar a la empresa el pago de 300.000 euros por cuotas atrasadas no abonadas.

No es casual que una empresa generadora de precariedad extrema como Glovo se vea en la misma tesitura que una organización como CCOO, pues este sindicato es, en la práctica, una empresa, cuyos intereses son contrarios a los de los trabajadores, que sostiene unas estructuras sobredimensionadas en base a los millones de euros de dinero público que el Estado le regala y que no duda en aplicar la reforma laboral para despedir a sus propios trabajadores, entre una interminable lista de ataques a la clase trabajadora que sigue creciendo día a día.

Esta es la realidad de los sindicatos del sistema CCOO y UGT, organizaciones fieles a un Estado que existe para someter a la clase trabajadora y defender los intereses del capital, y eso es lo único que pueden ofrecer a los trabajadores estas organizaciones, corrupción, traiciones y ser corresponsables de la situación de miseria que cada día crece más entre las clases populares.

Los trabajadores necesitamos más que nunca nuestra propia organización, el sindicato de clase en el que todos los trabajadores tomemos partido, alejado de subvenciones del Estado, de liberados sindicales y de la firma de EREs y todo tipo de retrocesos. Un sindicato que aspire a transformar la sociedad y no recoja las migajas que el capital le arroja para repartirlas entre sus corruptas cúpulas. Un sindicato como la Coordinadora Sindical de Clase.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, ÚNETE A CSC!

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1º Mayo 2020 - Contra la crisis capitalista y por la salud de la clase obrera

Este primero de mayo lo vivimos de forma atípica, confinados en casa, pero con un ánimo reivindicativo más fuerte si cabe que en años anteriores. La crisis del coronavirus ha traído a la clase obrera nuevos y fuertes retrocesos en sus derechos y calidad de vida, con pérdidas de ingresos por la aplicación masiva de ERTE´s y despidos, y se hace más necesario que nunca la organización de los trabajadores para evitar que esta crisis la volvamos a pagar los mismos que en 2008 y en crisis anteriores.

El coronavirus ha sido un acelerante de la enorme crisis que ya se estaba gestando para finales de 2020, como todos los economistas pronosticaban a inicios de año. Las empresas han aprovechado desde el primer minuto del estado de alarma para hacer agresivos ajustes en sus plantillas, algunos temporales, gracias al recurso del ERTE que ha puesto el Gobierno a su disposición con el Real Decreto-ley 9/2020 basándose en el acuerdo entre Patronal y CCOO y UGT, traicionando estos sindicatos vendidos, una vez más, a los trabajadores con una nueva puñalada por la espalda. Pero otros han sido de forma permanente, mediante el despido, con lo que se ha destruido buena parte del empleo que había y que difícilmente se va a recuperar si hacemos caso a los economistas del capital.

La realidad es que la mayoría de las empresas, con grandes beneficios en los últimos años -multimillonarios algunas como Inditex, Renault, Ikea, Ryanair, Iberia, Vueling, H&M, FNAC o El Corte Inglés- se han acogido al ERTE para cargar al erario público el coste de los salarios de sus trabajadores cuando podían perfectamente hacerse cargo de estos con esos enormes beneficios obtenidos de la explotación de sus trabajadores en años de superávit económico. Mientras, la clase obrera en su mayoría ha perdido o bien su empleo o bien el 30% de su salario (gracias a los ERTE) desde que se implementó el estado de alarma.

Años de privatización de la sanidad pública en el estado han agravado los problemas en la salud de los trabajadores en esta crisis, saturando los hospitales y centros de salud públicos en apenas un par de semanas, mientras la sanidad privada acumulaba miles de camas libres sin utilizar. Más del 70% de las muertes por la COVID-19 se han dado en las Residencias para Mayores, privatizadas y/o entregada su gestión a fondos buitres. Miles de trabajadores han muerto y han tenido que sufrir la muerte de sus familiares sin poder despedirse, prácticamente desatendidos por el colapso sanitario, pero los ministros y dueños de las grandes empresas han podido recuperarse en complejos hospitalarios de lujo con las mejores atenciones.

La vida en hacinamiento que viven los trabajadores en las grandes capitales (Madrid y Barcelona especialmente), que es donde más empleo hay, ha provocado una rápida propagación de la COVID-19. Hacinados en el centro de trabajo, donde la distancia con los compañeros en muchas empresas no llega al metro de distancia. Hacinados en las casas, donde buena parte de la clase obrera se ve obligada a compartir habitaciones en inmuebles de un tamaño muy reducido ante la imposibilidad de pagar un piso propio, sin ninguna solución habitacional alternativa. Hacinados hasta el final de nuestras vidas, en residencias donde ya han muerto más de 15 mil ancianos según las últimas estimaciones.

El Gobierno solo ha dado soluciones a las grandes empresas, regándolas de dinero público, mientras la clase obrera sigue sufriendo las consecuencias del capitalismo con una sanidad pública empobrecida, con unos salarios de miseria y sin soluciones habitacionales que permitan tener una vida digna y con un grado de sobreexplotación que merman la salud de la clase trabajadora de hoy mucho más rápido que a las generaciones precedentes. 

Ahora, este Gobierno autodenominado “social”, propone unos nuevos Pactos de la Moncloa con el objetivo de coser el sistema capitalista, que se cae a jirones en el estado español (y en el resto del mundo), y para ello necesita al resto de fuerzas capitalistas del estado así como a los sindicatos de este, vendidos al capital, CCOO y UGT y firmar un nuevo pacto de estado que sacrifique de nuevo a la clase trabajadora en beneficio del capital.

Esta batalla ideológica ya ha comenzado. Primero, escuchando día tras día al Gobierno, sindicatos traidores y medios de comunicación -todos al servicio del capital, porque es este quien les paga- hablando de la necesidad de estos pactos. Por otro lado, con gran cantidad de reportajes en los medios de comunicación del capital hablando de la obligada pero necesaria rebaja de la calidad de vida de los trabajadores debido a esta crisis, con los que se pretende que la clase obrera asuma que va a tener que pagar las consecuencias de esta crisis.

La clase trabajadora no tiene más alternativa que organizarse si no quiere pagar de nuevo, como ya pasó en 2008, esta crisis que ya está aquí. El Estado está demostrando su carácter de clase, al servicio de las multinacionales y sus beneficios, a cada paso que da y la clase obrera no tiene más opción que romper con este sistema criminal que solo sabe generar miseria entre el pueblo para mantener los beneficios económicos de una minoría explotadora.

Los trabajadores hoy debemos llevar a cabo la lucha por aquellos objetivos que vayan abriendo el camino a la organización y a la superación de este sistema capitalista:

• Por la garantía de todos los puestos de trabajo antes del inicio de la crisis.
• Por la jornada laboral de 35 horas.
• Por la garantía de la salud en los centros de trabajo.
• Por la nacionalización de todos los Servicios Públicos, Sanidad, Educación, Dependencia... y de todos los sectores estratégicos, con el objetivo de que sirvan al conjunto de la sociedad y no para el enriquecimiento de unos cuantos.
• Por la derogación de las Reformas Laborales y Reformas de las Pensiones.

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores del estado español a organizarse en las filas del sindicalismo de clase y combativo, en la Coordinadora Sindical de Clase, para luchar contra esta crisis capitalista y evitar que seamos la clase obrera quien pague las consecuencias de ella, para superar este sistema capitalista criminal que solo genera miseria a los trabajadores, para construir el socialismo que es la democracia del pueblo trabajador. En definitiva, para implementar un sistema que socialice los medios de producción y cuyos beneficios estén al servicio del pueblo y sus necesidades y no para la acumulación de capital en manos de unos pocos como ocurre ahora.

¡La salud de los trabajadores por encima de los beneficios!

¡No a los Expedientes de Regulación de Empleo!

¡No al Capitalismo, por el Socialismo!
¡QUE VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!

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No, no se han prohibido los despidos

Tras la publicación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, y tras el anuncio del gobierno de la paralización de las actividades no esenciales, los medios de manipulación se han apresurado a publicar titulares hablando de “prohibición de despidos” y de “permisos retribuidos recuperables”.

En primer lugar, ¿qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Y por qué ante la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo por una emergencia sanitaria y por medidas excepcionales impuestas por un gobierno, somos los trabajadores los que tenemos que hacer frente a dicha paralización?

Un permiso retribuido recuperable no es más que una redistribución de la jornada. Las horas que se dejen de trabajar durante la paralización, deberán ser recuperadas posteriormente. El borrador del gobierno de hecho prevé que las horas se recuperen antes del 31 de diciembre.

¿Qué significa pues que el gobierno vaya a imponer permisos retribuidos recuperables en actividades no esenciales? Pues que ante la caída de demanda de muchos productos y servicios, a los trabajadores se nos va a redistribuir la jornada para que cuando vuelva a haber actividad, recuperemos todas las horas no trabajadas ahora, recuperando así las empresas la productividad y cargando sobre los hombros de la clase trabajadora una crisis que no es responsabilidad nuestra.

Esta medida sumada a la agilización de los ERTEs muestra claramente que el Estado no es más que una herramienta de una clase, la capitalista, para someter a otra, la clase trabajadora, en pos de salvaguardar sus empresas y su sistema económico y que este gobierno “progresista” no se diferencia en nada de otros gobiernos “de derechas”, aplicando las medidas necesarias para salvar a las empresas en momentos de crisis.

También muestra la gran farsa del ‘libre mercado’ en esta fase del capitalismo, en su fase imperialista. Cuando las empresas generan millones de beneficios el Estado es firme defensor del derecho de unos pocos de apropiarse de toda la plusvalía generada por los trabajadores, pero cuando las empresas corren el riesgo de tener pérdidas, entonces el Estado es firme defensor de usar cuantos recursos públicos hagan falta –riqueza generada totalmente por los trabajadores y recursos aportados por estos, pues las empresas tan sólo aportan el 13% de lo recaudado por el Estado– para salvar a esas mismas empresas. En el capitalismo, con gobiernos de “izquierdas” o de “derechas”, las empresas siempre ganan y la clase trabajadora siempre pierde.

Y para hacer un lavado de cara sobre las medidas aplicadas, el sistema tiene a sus medios de manipulación siempre dispuestos a engañar al pueblo:

Es totalmente falso que se vayan a prohibir los despidos mientras dure el coronavirus. Basta tan solo con leer el Real Decreto publicado en el BOE para entender en qué consiste esta medida realmente y como ha sido utilizada por este gobierno, por el Estado y sus medios para blanquear el conjunto de medidas destinadas a trasvasar dinero público a manos privadas, tal y como se hizo con el rescate a la banca. No solo no vamos a recuperar el dinero regalado a la banca, sino que este nuevo rescate firmado por el gobierno va a suponer un robo mucho mayor que el de la anterior crisis, con consecuencias mucho peores que aún están por venir para la clase trabajadora.

Esto es lo que dice el Real Decreto literalmente:

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

Esto significa que, ni mucho menos se van a prohibir los despidos. Lo que indica el texto del Real Decreto es que el supuesto de fuerza mayor o de causas de alteración de la producción al que se pueden acoger muchas empresas ante la crisis del coronavirus, no suponga una causa justificativa para el despido. O lo que es lo mismo, el despido sigue siendo exactamente igual de libre y con idénticas indemnizaciones que las que se fijaron mediante la reforma laboral de 2012, esto es 33 días por año y sin salarios de tramitación. Y para obtener tal declaración habría que acudir al oportuno proceso judicial.

Como vemos pues, estas medidas no van encaminadas ni mucho menos a proteger a los trabajadores.

Algo aún más grave de esta situación es que los medios la están vendiendo como algo excepcional para aquellas personas que teniendo trabajo –precario en la gran mayoría de casos– se van a ver afectadas por la paralización, pero se está invisibilizando por completo a aquellos trabajadores que ya estaban siendo explotados cruelmente antes del estado de alarma y que ahora van a agravar su situación, aquellos parados de larga duración que solo pueden sobrevivir mediante la economía sumergida y que ahora están en situaciones críticas, como las que han llevado a muchos italianos a saquear supermercados para no morir de hambre ante la imposibilidad de adquirir alimentos y el abandono absoluto de sus pueblos por parte de los gobiernos capitalistas.

¿Qué ocurre con aquellos despedidos en empresas pequeñas (pequeños negocios de restauración, tiendas de barrio, etc) que no van a aplicar ERTEs? ¿Qué ocurre con todos los trabajadores con contratos eventuales que se van a ir a la calle sin tener que ser despedidos? Estas víctimas del sistema van a empeorar su situación sin que el gobierno mueva un dedo por ellos.

Todos estos paquetes de medidas y los que están por llegar son el clavo ardiendo al que pretende agarrarse un sistema quebrado y moribundo, un sistema que sólo los trabajadores y las clases populares unidos y organizados podemos cambiar. Para ello es necesario que los trabajadores abramos los ojos con el papel que las centrales sindicales del Estado, CCOO y UGT, están teniendo en toda esta crisis, legitimando las medidas aplicadas para que seamos los trabajadores los que paguemos la factura. Es hora de que los trabajadores engrosemos las filas del sindicalismo de clase, bajo el paraguas de la Federación Sindical Mundial, y nos organicemos para transformar esta sociedad de raíz construyendo un mundo más justo donde las riquezas que generamos estén al servicio del pueblo.

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CCOO demandada por despedir a un representante sindical

La represión sindical por parte de las empresas a trabajadores que se organizan para defender sus derechos es una tónica constante en este sistema, en el que los capitalistas no dudan en atacar sin piedad el más mínimo intento de cuestionar la explotación laboral a la que nos vemos sometidos los trabajadores.

Basta con una pequeña búsqueda por Internet para encontrar decenas de ejemplos de representantes sindicales represaliados por ejercer la labor para la que fueron designados por sus propios compañeros de trabajo. Entre estos ejemplos podemos encontrar el doble despido al presidente del Comité de Empresa de Ayesa AT, o el despido a un miembro del Comité de Empresa de everis Centers Sevilla mientras se encontraba de baja médica.

Quienes desempeñamos labores de representación legal de los trabajadores sabemos a qué nos enfrentamos por el simple hecho de reclamar lo que es justo para nuestros compañeros, por manifestar nuestra postura ideológica, algo que demuestra que una vez que cruzamos las puertas y entramos al centro de trabajo, la careta democrática de este sistema se cae y se muestra la crueldad absoluta de la dictadura del salario.

Sin embargo, mientras que algunos representantes de los trabajadores son represaliados por las empresas, otros gozan de un estatus privilegiado como recompensa a los servicios prestados, siendo en muchas ocasiones estos ‘representantes sindicales’ miembros de candidaturas realizadas directamente por las direcciones de las empresas, que a través de sindicatos como CCOO o UGT, o bien creando candidaturas ‘independientes’, se meten a sindicalistas para adulterar las funciones de la Representación Legal de los Trabajadores.

No es casualidad que muchas empresas utilicen a CCOO y UGT para crear sus candidaturas en elecciones sindicales, pues ambos sindicatos son parte del mismo entramado que la patronal, y son fieles servidores de los intereses de las empresas. Prueba de ello es que estos mismos sindicatos, convertidos a su vez en empresas, no dudan en despedir a sus propios trabajadores usando la reforma laboral que tanto critican de boquilla.

Tal es la sintonía entre CCOO y UGT con la patronal, que se producen casos como el de un trabajador de CCOO Baleares que, tras ser elegido representante de los trabajadores en el sindicato, ha sido despedido por la dirección del mismo. CCOO actúa de la misma forma que cualquier otra empresa, represaliando a los trabajadores que se organizan, porque una cosa es tener delegados sindicales en otras empresas -de los cuales CCOO y UGT reciben cuantiosas sumas de dinero público-, y otra cosa distinta es que los trabajadores pretendan organizarse en tu propia casa.

Un nuevo caso que engrosa la interminable lista de atrocidades cometidas por estos sindicatos -como el despido de 2 trabajadoras de CCOO tras superar un coma y un cáncer-, que los deslegitima por completo como representantes de los trabajadores. Unos sindicatos que se sostienen gracias al apoyo del Estado que los intenta legitimar y los cubre de millones para que sigan paralizando cualquier movilización de la clase trabajadora con la excusa de mantener la ‘paz social’.

Mientras CCOO y UGT sigan contando con apoyo entre algunos trabajadores, la clase trabajadora seguirá sufriendo traiciones. Es hora de una vez por todas de abandonar el sindicalismo amarillo, es un deber histórico de la clase trabajadora construir el sindicalismo de clase bajo el paraguas de la Federación Sindical Mundial. Nuestro futuro está en juego.

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CCOO contra la huelga; CCOO contra los intereses de los trabajadores

Cada vez sorprende menos ver cómo CCOO y UGT se alinean con la patronal para defender los intereses de las empresas; se alinean con el estado para reprimir cada día más a los trabajadores, intentando paralizar cualquier tipo de movilización, abogando por la “moderación salarial”, que no es más que defender la precariedad; firman EREs en empresas que posteriormente adquieren otras con casi el triple de plantilla que los despedidos en el ERE. En definitiva, cada día CCOO y UGT muestran más claramente ser herramientas del estado para luchar contra los intereses de los trabajadores.

Después de más de 7 años sin convocar una huelga general, años en los que se han despedido a millones de trabajadores (la mayoría en EREs que llevan la firma de estos sindicatos), en los que el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha caído de forma alarmante, en los que la precariedad ha crecido en todos los sectores, ahora en CCOO tienen la desfachatez de atacar la huelga general convocada en el País Vasco para el 30 de enero, por las pensiones públicas, el empleo y los derechos sociales.

El discurso de Unai Sordo -secretario general de CCOO- contra la convocatoria de huelga podría firmarlo el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), abogando porque “lo razonable” era esperar a que se conformara el nuevo gobierno y ver “qué propuestas hace”. Por lo visto, según CCOO, los años de miseria y pérdida de derechos y de poder adquisitivo de la clase trabajadora no son suficiente motivo para convocar una huelga general. Pero después algunos dirigentes de este sindicato tienen la desvergüenza de decir que los trabajadores no quieren hacer huelga, que no quieren moverse, cuando son los dirigentes de CCOO y UGT quienes hacen una labor de desmovilización con la que la patronal debe estar encantada.

Para muchos trabajadores es fácil ver que sus intereses son contrarios a los de los empresarios, que estos defienden sus beneficios frente a nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo. La patronal es un claro enemigo, evidente, que lucha por sus intereses con todo el poder del estado de su lado. Pero que sindicatos como CCOO y UGT que deberían defender los intereses de la clase trabajadora estén también alineados con la patronal y el estado es más grave aún que la propia explotación a la que nos someten las empresas, porque desvirtúan el papel de un sindicato, son la punta de lanza de la patronal dentro del movimiento obrero para dividir, desmovilizar y paralizar cualquier movimiento. Tener al enemigo infiltrado entre nuestras propias filas es uno de los mayores problemas que enfrenta la clase trabajadora.

Por eso desde la Coordinadora Sindical de Clase entendemos como indispensable la labor de denuncia del sindicalismo amarillo de CCOO y UGT, porque si los trabajadores no entendemos que son enemigos de nuestros intereses nunca podremos luchar abiertamente por nosotros mismos.

Desde CSC hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a abandonar las siglas de estos sindicatos corruptos y siervos de la patronal, que no hacen más que poner trabas a las luchas obreras. Sólo dejando atrás estas organizaciones y uniéndonos bajo el sindicalismo de clase de los sindicatos de la Federación Sindical Mundial (FSM) los trabajadores podremos lograr victorias que nos permitan avanzar en derechos y luchar por la superación de la explotación del hombre por el hombre, construyendo un mundo más justo.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, ÚNETE A CSC!

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