Manifestación contra la privatización de la Sanidad Pública Andaluza. Próximo Sábado 5 de Abril. Sevilla.

 

Las políticas públicas que desde el Estado español vienen implementando en los últimos años van en la dirección de eliminar todo el sistema de servicios sociales públicos básicos. Tanto el gobierno estatal como los autonómicos, cada uno en su parcela de competencias, están embarcados en procesos de desmantelamiento paulatino del sistema de pensiones, la sanidad y la educación públicas, entre otros. El gobierno progresista nacional en total sintonía con este desmantelamiento, es responsable en primera persona por sus acciones directas, así como indirectamente, consintiendo la destrucción de lo público que se hace desde las autonomías, así como la legislación que lo permite. También contribuyen a este desmantelamiento los sindicatos del sistema como CCOO y UGT que, entre otras cosas, gestionan planes de pensiones privados y ofrecen seguros médicos privados a sus afiliados. Paralelamente a ese desmantelamiento, el gobierno del PSOE despliega una serie de políticas de subsidios, como el IMV (Ingreso Mínimo Vital), o las subidas de SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional), orientados a mantener en el umbral de la pobreza a la población, con limosnas para garantizar la pasividad y la paz social de la parte más desfavorecida de la clase obrera, que permanece en riesgo de pobreza pese a tener trabajo, y que malvive con unos ingresos que pierden poder adquisitivo por la inflación de forma vertiginosa. Esta población queda excluida del acceso a la enseñanza media de sus hijos, del sistema educativo, y relegada del sistema sanitario, tanto de los sistemas públicos que no proporcionan asistencia o servicio, o es inexistente, como del privado que no pueden permitirse. Toda una estrategia de anestesiar a las clases trabajadoras con el mal menor, mientras dejan vía libre a los grandes empresarios para que nos expolien, con la privatización de los servicios sociales.

Políticas del Gobierno nacional Todas estas políticas han ido justificándose y acelerándose a golpe de crisis. Así, tras la crisis de 2008 de las hipotecas subprime, se produjo la subida de edad de jubilación de 65 a 67 años mediante la reforma de Zapatero (PSOE) en 2011, con un ministro de UGT y con acuerdo de UGT y CCOO. Posteriormente, vino el rescate a la banca decretado por el gobierno de Rajoy (PP), que se pagó durante sus dos mandatos, mediante el vaciado de 77.437 millones de euros entre los ejercicios 2012 a 2018 del fondo de reserva de las pensiones, y que cedió a coste cero las cajas de ahorro a la gran banca privada, es decir privatizó el 50% del mercado financiero que aún no controlaba la banca privada. Recientemente, el actual gobierno del PSOE ha legislado en la dirección de facilitar los planes de pensiones de empresas en los convenios colectivos, para complementar la pensión pública, con una evidente intención de ir recortando esta última, es decir privantizándola, y donde UGT y CCOO entran a beneficiarse de la gestión de dichos fondos millonarios privados. Véase de ejemplo flagrante y ya longevo sistema de Planes de pensiones en Telefónica, vía de financiación de los sindicatos amarillos, que en 2022 se llevarón 9,5 millones de euros solo por gestionarlo, mientras los trabajadores obtuvieron una rentabilidad negativa. De igual forma, el timo de los fondos de pensiones privados, que implantase Aznar (PP), no han hecho más que detraer riqueza de los trabajadores hacia la banca, siendo su rentabilidad muy inferior a la inflación, y menos de la mitad que la de los bonos del Estado: el instrumento de inversión menos rentable existente. Bajo responsabilidad del gobierno, en materia sanitaria también ha dejado claro que está para servir a los deseos de las aseguradoras privadas, lo cual ha quedado patente en la negociación por la renovación del servicio de mutualidad privada para funcionarios MUFACE. El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de la licitación del concierto de Muface para los años 2025, 2026 y 2027, por un precio de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente. Esto supone un incremento del 41,2%. El enésimo caso de la política al servicio de los grandes empresarios.

Políticas de gobiernos autonómicos En el ámbito autonómico, la punta de lanza de la privatización sanitaria corresponde a la Comunidad de Madrid. La legislación del PSOE de Felipe González en el 86, permitió iniciar la privatización de servicios aledaños del sistema sanitario: cocina, limpieza, mantenimiento, vigilancia…, pero es desde los años 90 con los gobiernos de Aznar (PP), que la legislación permitió las concesiones privadas en la gestión de hospitales. Los gobiernos autonómicos del PP, desde Esperanza Aguirre (PP 2003-2012) impulsaron un modelo de privatización de hospitales salpicado de escándalos y corrupción, destacando las continuas puertas giratorias: Consejeros de Sanidad fichando por las empresas a las que adjudican contratos, o directivos de aseguradoras que pasan a cargos en la administración desde la que adjudicar concesiones a las empresas de procedencia. Tanto Consejeros de Sanidad como presidentes autonómicos y empresarios protagonistas del proceso han acabado imputados en las diferentes tramas de corrupción del PP en la comunidad: Púnica, Lezo, Gürtel. Familias de corruptos que han sido rescatados por el gobierno de la ultraderechista Ayuso, en cuyo mandato se puso en evidencia las deficiencias de la sanidad privada durante la pandemia, con la falta de recursos humanos que agravó los contagios, y cuya máxima expresión de inoperancia se dió en el exterminio de 7291 de nuestros mayores por desatención criminal en las residencias de ancianos. Un claro ejemplo de que introducir el ánimo de lucro en el sector sanitario convierte los servicios de cuidados de carácter humano, en servicios criminales, donde se desatiende y se trata a las personas en condiciones vulnerables como carnaza desechable que únicamente interesa para exprimir económicamente. Las consecuencias y características del modelo se pueden resumir en: Con la construcción de 11 nuevos hospitales bajo control privado, se ha reducido el número de camas disponibles en la comunidad, así como el ratio de camas por habitantes. Empresas constructoras, banca e inmobiliarias que se beneficiaron de la privatización han ido vendiendo sus activos a fondos buitres. Por otro lado es el grupo Quirón, el que más parte del pastel obtiene con la gestión de 4 de esos hospitales. Sobrecostes en la gestión privada en comparación con la gestión pública directa (en 2016, 407.797 euros por cama/año a las concesiones y 354.736 euros a los hospitales de gestión tradicional). Máximo porcentaje del presupuesto sanitario destinado al sector privado en España (69% del total en 2019). La comunidad con menor gasto en sanidad pública que conduce al primer puesto en la contratación de seguros privados. Ocultación de información por parte del Gobierno regional y falta de auditorías sobre los centros hospitalarios, de forma especial las aportaciones extrapresupuestarias a estos centros. Madrid supera en 2024 el millón de pacientes en lista de espera mientras mantiene camas cerradas en hospitales. La privatización está tan avanzada, que las aseguradoras privadas empiezan a subir los precios abusivamente, dado que la atención pública deficiente los coloca en posición de monopolio en el mercado. El colapso de las listas de esperas es tal, que ya está llegando a los centros privados, cuya prioridad en lucrarse hace que dispongan del mínimo personal posible y por tanto no puedan (ni quieran) dar la atención sanitaria adecuada que se necesita.

En Andalucía El gobierno del Moreno Bonilla (PP) es un fiel seguidor de las políticas de privatización impulsadas por su partido en la comunidad de Madrid, tanto en el sector sanitario como en el educativo, utiliza las mismas estrategias ilícitas para implementarlas: puertas giratorias de consejeros que terminan en las empresas a las que adjudican contratos, y fraudes en el reparto a dedo de 458 millones por fraccionamiento como contratos menores, "sin ningún tipo de control" y "en fraude de ley" que ya aplicara anteriormente Ayuso en el sector educativo: Hacienda investigó el fraccionamiento de contratos de Ayuso en las reformas ilegales de los centros de FP En la misma línea, tanto Madrid como Andalucía están practicando la asfixia económica contra la universidad pública, a la vez que permiten la creación de 4 nuevas universidades privadas en los dos últimos años más una quinta en tramitación, en Andalucía, por 3 más una en la Comunidad de Madrid. Y mientras miles de niños y niñas perderán a sus educadoras en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, Andalucía devuelve 119 millones de fondos europeos para guarderías públicas. Donde más claramente han irrumpido los fondos de inversión ha sido en los centros privados de formación profesional. Si en Andalucía, en los ciclos superiores uno de cada tres alumnos ya son de pago, en Madrid la mitad de los jóvenes quedan sin plaza pública para estudiar formación profesional, un hueco que evidentemente han ocupado debido a los recortes en la educación pública. En el ámbito sanitario, la diferencia entre Andalucía y Madrid, reside que mientras en ésta última se reducen los presupuestos en Sanidad, en Andalucía se dispone de presupuesto récord y de transferencias históricas del Gobierno de España, con 53.800 millones más en los últimos siete años. Sin embargo, el último barómetro del CIS coloca a Andalucía con la peor nota a la sanidad de toda España: El 35% de los andaluces con un "verdadero problema de salud" no pudo contactar con su médico de familia por falta de citas. Éste es el porcentaje más alto de toda España, 10 puntos más que la media de CCAA. El 41% de los pacientes andaluces esperó más de tres meses para acceder al especialista del hospital. La atención sanitaria es tan deficitaria que están volviendo a aparecer brotes de enfermedades contagiosas, como el sarampión o la tuberculosis, propias de otros tiempos donde la medicina aún no estaba desarrollada. Y la falta de recursos, hace que se de por desahuciados a pacientes con enfermedades graves, que han tenido que ir a la privada para salvar su vida. Tanto los sindicatos sanitarios como las organizaciones sociales en lucha (marea blanca) convocan a esta manifestación, para detener los problemas derivados de este modelo privado que viene implantando el gobierno andaluz: Precariedad y temporalidad en contrataciones de profesionales Políticas de bloqueo y desmantelamiento de las bolsas de empleo sanitarias. Graves dificultad para obtener cita previa en la atención primaria Eliminación de centros de salud en barrios, recortes de horarios, ahorro en sustituciones, especialistas y urgencias, haciendo que la población tenga que hacer mayores desplazamientos para dificultar y derivar a la población a los seguros privados. Saturación de los servicios de urgencias, ante la falta de atención en los centros de salud, que igualmente disponen de recursos limitadísimos, que asemejan al servicio a hospitales de guerra. Zonas rurales desprovistas de atención médica de urgencia que condenan a la muerte accidentes graves o infartos, que serían evitables de no ser por la lejanía de los centros de atención. Profesionales médicos, técnicos y de enfermería, que renuncian por la falta de estabilidad laboral, la sobrecarga de trabajo y la precariedad de sus sueldos, que terminan emigrando a otras comunidades o países. Incentivado a los profesionales de medicina primaria con sistemas de productividad donde se penaliza la derivación a especialistas, negando así la correcta prevención primero, y la atención adecuada de las enfermedades, que empeoran y cronifican por tratamiento claramente deficientes. Centros de especialistas vacíos, o con cargas de trabajo ridículas que infrautilizan a los profesionales, dada la barrera implementada en la atención primaria.

La esperanza de acabar con esta agenda privatizadora, de consecuencias funestas para la clase obrera, reside únicamente en nuestra capacidad de organización y de respuesta contra tales políticas. La experiencia en Madrid, con las organizaciones sociales protestando en la calle, y los profesionales afectados organizados para ejercer lucha en los juzgados, han conseguido paralizar nuevas privatizaciones. Sin ser un logro consolidado, nos marca un camino a seguir, que no es más que incrementar la organización y la movilización, única vía en la que la clase obrera tiene permitido influir en las decisiones políticas, dado el carácter profundamente antidemocrático de nuestro país, que excluye a la mayoría de la población de dichas decisiones. Por ello, te emplazamos a acudir a este acto de protesta masivo, así como unirte a las filas del sindicato, desde el que construyamos la organización necesaria para combatir todas estas agresiones a la clase obrera.