El próximo jueves 28 de noviembre a las 9:30, se celebrará el juicio contra el trabajador Roberto Macías, despedido por UGT-A y testigo clave del supuesto caso de corrupción en las ayudas a la formación cometido por esta organización sindical –incluso las autoridades nacionales han procedido a revocar la asistencia del Fondo Social Europeo (FSE) otorgado al sindicato UGT en Andalucía bajo el periodo de programación 2007- 2013, y además un informe pericial presentado en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla, estima en casi 100 millones de euros las ayudas objeto de investigación–.
A Roberto Macías le ha denunciado UGT-A, exigiéndole una indemnización de 60.000 euros y 4 años de cárcel, en concepto de reparación "por el daño moral" causado. Es decir, no acusa a este honesto trabajador de mentir sino de provocarle un supuesto daño, al presuntamente revelar sus escandalosos secretos contables, esto es, sus “artificios financieros” ideados por el sindicato para justificar gastos ante la Administración, lo que constituye un grave caso de corrupción sindical. Nada hace esta organización por limpiar la corrupción de sus entrañas, sino que, en su lugar, arremete con aquel que ose denunciar y, en concreto, poniendo como cabeza de turco a esta persona que es (y debe ser) un ejemplo para todo el pueblo trabajador. Son de dominio público las investigaciones emprendidas por parte de la fiscalía Anticorrupción por presunta financiación ilegal en los fondos de formación cometida por UGT en Asturias, Andalucía y Extremadura, hechos repudiables que constituyen una afrenta en la lucha obrera.
UGT-A demuestra así que se comporta más como una empresa que como un sindicato que dice denominarse de clase. En la práctica, casi se podría decir que sí, que es un sindicato de clase... pero de la clase empresarial. Una organización más preocupada por defender su patrimonio –aludiendo a un supuesto daño moral– que de defender los intereses de la clase trabajadora, firmando ERE, conciliando con la patronal y vendiendo a los trabajadores que tienen que vivir con las consecuencias de sus traiciones a la clase obrera de este país.
UGT-A no solo ha privado a Roberto de su medio de vida, pues ha sido despedido injustamente de esa organización en la que trabajaba como administrativo, sino que ahora le intenta llevar a la ruina, pidiéndole 60.000 euros –que, evidentemente, no posee– y pidiendo a la Justicia que este trabajador pase 4 de sus años en la cárcel, por denunciar la corrupción. Esa es la "defensa" de los trabajadores de esta organización corrupta; porque corrupción no es solo sacar provecho económico o de otro tipo en beneficio propio, sino que también –según la RAE en su 1ª acepción del término– es "alterar o trastocar la forma de algo", y no hay mayor alteración que la de los principios para los que fueron concebidos los sindicatos: la defensa de los intereses de los trabajadores. Y este sindicato ha estado esquilmando, siempre según lo denunciado e investigado por las autoridades, el dinero aportado por la clase trabajadora europea, vía impuestos, para financiar a una organización que no ha hecho, siendo benevolentes, un uso apropiado del mismo. Hasta la propia Junta de Andalucía ya le ha reclamado a esta organización la devolución de 18 millones por ayudas fraudulentas a la formación.
Por supuesto, CSC está al lado de este trabajador porque somos fieles a nuestros principios de clase y no vamos a dejar en la estacada a una persona que ha tenido la valentía de enfrentarse, hasta ahora solo, a toda una organización, haciéndole un favor a la clase trabajadora de este país y de toda Europa, denunciando las malas prácticas con las subvenciones recibidas por la UE y por la Junta de Andalucía.
Por ello, desde CSC, realizamos un llamamiento a todos los delegados, afiliados y simpatizantes de CSC y, en definitiva, a toda la clase trabajadora para acudir a la concentración de apoyo a Roberto, que comenzará a las 8:30 en la puerta del Edificio NOGA, sito en la Avda. de la Buhaira, nº 26, previo a la celebración del juicio, no solo ya por solidaridad sino por una cuestión de principios, defensa de la honestidad y de reforzamiento de la transparencia y de lucha contra la corrupción en todos los ámbitos. Si permitimos que Roberto vaya a la cárcel, estaremos reforzando un sistema corrupto que permite que organizaciones cometan irregularidades con dinero público. Es nuestro deber luchar, en la medida de cada cual, contra estas injusticias. Roberto no está solo en esta lucha porque ya no se trata de una lucha de toda una organización contra un trabajador individual, sino que Roberto debe tener detrás a toda la clase trabajadora, apoyándole y sosteniéndole.
COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (C.S.C.)
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