En este sistema, los beneficios de las empresas valen más que nuestra salud

El pasado 30 de octubre, el Tribunal Constitucional dictaba sentencia con respecto a la validez constitucional de la modificación introducida en el Estatuto de los Trabajadores mediante las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP), por la que se justifica el despido por causas objetivas - lo que implica que la indemnización se ve reducida a 20 días por año - en caso de que un trabajador falte al trabajo un 20% de los días hábiles en un periodo de 2 meses, o un 25% en un periodo de 4, aunque esas bajas estén justificadas.

La sentencia, que no ha sido unánime, incluye 3 votos particulares que indican, entre otras cosas, lo siguiente: “No puedo asumir que la libertad de empresa [...] pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física o moral de los trabajadores, y a un valor tan fundamental como es la salud humana”. No obstante, la sentencia fue ratificada con 8 votos a favor y 4 en contra.

Entre los argumentos de los jueces que votaron a favor podemos encontrar cosas como, “lo ha hecho con una finalidad legítima —evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo—, que encuentra fundamento en la libertad de empresa y la defensa de la productividad”, o, “el absentismo conlleva para el empresario un perjuicio de los intereses legítimos, por la menor eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma incipiente”.

Semejante argumentación lo que pone de manifiesto es el claro sesgo clasista de la Justicia, como parte del Estado que legisla y juzga en contra de los intereses de los trabajadores. En su concepción capitalista, el trabajador es simplemente una herramienta para que las empresas obtengan más beneficios. Si el trabajador —como pieza de esa maquinaria— no rinde lo deseado por el empresario, podrá ser reemplazada por otra bajo el auspicio del poder legislativo y judicial. De esta manera, deshumaniza, por un lado, al trabajador y, por otro, perpetua y afianza el sistema de explotación que nos oprime como clase. 

Esta sentencia, además de ser un ataque a los derechos más fundamentales de los trabajadores —ataque que viene iniciado por las reformas laborales de PSOE y PP en 2010 y 2012—, pretende ratificar algo que ya de facto ocurre en este sistema, y es que la libertad empresarial está por encima de cualquier otra cosa, por encima de nuestra salud y de nuestras vidas.

Cuando una baja médica justificada puede ser motivo de despido, un trabajador puede verse forzado a acudir a su puesto de trabajo encontrándose enfermo, lo que puede hacer que su estado de salud empeore. Por lo tanto, esta sentencia atenta contra el bienestar y la salud de los trabajadores, dejando claro cuales son las prioridades en este sistema, en el que nuestra integridad física no es más que un impedimento para que las empresas puedan ganar cada vez más a nuestra costa.

A los trabajadores acudir a las leyes y a las instituciones judiciales ya no nos vale, pues no son más que el reflejo de quienes tienen todo el poder en este sistema, las empresas, y son por tanto órganos a su servicio, como se demuestra en la citada sentencia, y para velar por sus intereses, que son totalmente contrarios a los nuestros. Los trabajadores sólo nos tenemos a nosotros mismos para revertir esta situación.

Por todo ello, desde la Coordinadora Sindical de Clase hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a organizarse bajo el sindicalismo de clase, a engrosar las filas de nuestro sindicato como herramienta de organización y movilización en la lucha por la defensa de nuestros derechos, por la mejora en nuestras condiciones de trabajo, así como por la transformación de esta sociedad en una más justa donde los trabajadores podamos ser dueños de nuestro futuro.

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