Cribado de cáncer de mama: Efecto de la demolición controlada del Estado.

 

Los gobiernos autonómicos hacen lo propio dentro de sus competencias: Recortes en Sanidad, Educación, bajada de impuestos a los ricos, empleo público subcontratado a grandes empresas y multinacionales eliminando funcionarios… Los gobiernos centrales con el resto: Planes de pensiones en empresas, aumento de edad de jubilación, reformas laborales, amnistías fiscales, rescates a la banca, cárteles empresariales que saquean impune y multimillonariamente las licitaciones, políticas de vivienda para que especulen los fondos buitres y facilitar a la banca el blanqueo de dinero de élites extranjeras... El color político, ya sea la ultraderecha PP y VOX, o socialliberales, PSOE, SUMAR… poco importa, el desmantelamiento y el saqueo avanza inexorablemente. Los corruptores (empresarios) marcan el ritmo político que les favorece, y la corrupción y las puertas giratorias son el combustible de la maquinaria que trasvasa la riqueza que producimos la clase obrera con nuestro trabajo, a manos de los empresarios.

A nadie se le escapa que las políticas del gobierno del PP en la Junta de Andalucía siguen una hoja de saqueo de las arcas públicas para privilegiar a empresas privadas a costa de la merma de servicios públicos esenciales, que en manos privadas priorizan las ganancias y desatienden los servicios, negándonoslos a los receptores, la clase obrera, que no podemos permitirnos pagar servicios privados o, si acaso, con grandes esfuerzos económicos. El vaciado de personal del que el SAS ha sido víctima, deja servicios tan delicados como la prevención del cáncer en situación límite, al punto de ser inoperativo. Una política deliberada de desprestigio e inoperancia de la sanidad pública con la que el PP pretende empujar a la población hacia los seguros privados, aunque para ello ponga en peligro nuestras vidas para conseguirlo. El desprecio de la ultraderecha hacia las condiciones de vida de la clase obrera es mayúsculo, considerándonos básicamente como una masa a la que explotar laboralmente y para saquear nuestras limitadas economías. La política sanitaria del gobierno del PP en la Junta de Andalucía está siendo tan sanguinaria como escandalosamente corrupta: Presupuestos sanitarios record con las listas de espera más largas del país, dado que el servicio se desvía a la sanidad privada que se queda el dinero público, adelgazando al SAS. Puertas giratorias de altos cargos de la Consejería de Sanidad, que acaban en los consejos de administración de las mutuas privadas a las que previamente regaron con dinero público. Asignaciones a dedo de 242 millones en tres años, de presupuesto público a clínicas privadas por menudeo para evitar las licitaciones y asignarlas a dedo. Aumento de puntos en la baremación de las bolsas que dejan fuera a personal de esas mismas bolsas que ya habían estado trabajando, bloqueando el acceso de los profesionales sanitarios a una plaza pública. Inestabilidad laboral, sobrecarga de trabajo y precariedad salarial que obliga a los sanitarios a emigrar a otras comunidades o países. Centros de salud cerrados, eliminación de servicios de pediatría o de urgencias en los barrios y en las zonas rurales, poniendo en peligro la atención urgente de la población, cuya vida queda a varias horas de distancia de los profesionales, que pueden salvar sus vidas y que suponen la diferencia de tiempo entre la vida y la muerte en incidentes graves o accidentes. Cierres de hospitales y quirófanos en verano para desviar a la sanidad privada la atención. Igualmente, en materia educativa involucionamos hacia el modelo medieval donde sólo los hijos de la élite podrán estudiar: Renegaron de 112 millones procedentes de la administración central para destinar a una red de guarderías públicas, con el propósito de proteger el sistema de guarderías privadas, evitando hacerle competencia desde lo público. Cierre paulatino año tras año de aulas de colegios públicos; reducción de horas lectivas; comedores escolares privatizados; personal técnico en integración social subcontratado en precario por "empresas piratas" sancionadas por la Inspección de Trabajo; centros escolares sin climatización. Mientras se privilegia a la enseñanza concertada, con "el acuerdo histórico" el pasado mes de julio con la patronal de las escuelas concertadas, principalmente católicas: aumento de presupuestos, horas lectivas, equiparación con la pública… Boom de la formación profesional privada. Duplicado el número de alumnos en 5 años, con el desembarco de fondos buitre gracias al gobierno del PP, abriéndole las puertas ante la sequía de oferta de plazas en institutos públicos. El 33% de los alumnos ya son de pago, con costes que van entre 4.000 y 6.000 euros por año. Es decir una segunda hipoteca para una familia obrera, siempre que tenga la suerte de tener sólo un hijo en edad de estudiar. Apertura récord de hasta 5 nuevas universidades privadas, cuyos estudios tienen costes anuales inasumibles para los hijos de la clase obrera. 38,8% de las nuevas titulaciones de 2025 van a las universidades privadas en régimen de monopolio, vetándolos en las públicas para otorgarles exclusividad a las privadas. La debacle social a la que los empresarios nos llevan, de la mano de los políticos a los que corrompen, se explica por la pantomima que protagonizan en los parlamentos, donde los trabajadores estamos excluidos de las decisiones políticas. La única fuerza que tenemos la clase obrera es la de presionar con movilizaciones y con la paralización de la producción económica, que para el enemigo de clase, los empresarios es lo único que les duele: perder ingresos. Y eso está en nuestras manos, en manos de la clase obrera que todo lo producimos, pues sin nuestro trabajo no entra dinero. La huelga general, que ya hace mucho tiempo que es más que necesaria, es la herramienta de la que disponemos para que nuestra voz y nuestras reivindicaciones se traduzcan en política real para beneficiar al pueblo trabajador. La dificultad que tenemos es, que para llegar a ella debemos estar fuertemente organizados sindicalmente, entorno al sindicalismo de clase, barrer a los sindicatos amarillos UGT y CCOO, apesebrados con subvenciones millonarias y liberados cuyo papel es el de impedir la movilización, y desplazárlos de nuestros centros de trabajo. La esperanza de acabar con esta agenda privatizadora, de consecuencias funestas para la clase obrera, reside únicamente en nuestra capacidad de organización y de lucha. Nada podemos esperar de los políticos que implementan la agenda de la patronal, ni de sus sindicatos. Únete a las filas del Sindicalismo de Clase.