Permiso Parental de 8 Semanas

Frente a derechos que son papel mojado, la mejor forma de conseguir avances reales no es delegando en que otros legislen por nosotros. Los trabajadores tenemos la posibilidad de construir nuestras propias leyes laborales, mediante la negociación de convenios colectivos. Unas leyes que sólo con la organización y la movilización colectivas, podrán ser derechos reales, pues es la única forma de conseguir que la patronal los respete. La justicia en un estado capitalista, cuyo propósito es servir a los intereses de la clase económica dominante, para los trabajadores solo es una herramienta secundaria donde la clase trabajadora juega en campo contrario, con unos árbitros caseros al servicio de los intereses de la Patronal.

Gobiernos Clasistas.

En anterior comunicado, Permisos para cuidados al gusto de la patronal, desde ASC denunciamos cómo los nuevos permisos para la conciliación legislados por decreto por el Gobierno "más progresista de la historia" en 2023 constituyeron un mero postureo ante la campaña electoral, vendiendo como grandes logros propios para la conciliación familiar de la clase obrera lo que en realidad fue una obligación impuesta desde europa mediante Directiva UE, y cuyo traslado a la legislación laboral española se realizó tergiversando lo estipulado en la directiva, perjudicando así a los trabajadores para servir a los intereses de sus amos, la patronal, con un redactado que añade limitaciones a los derechos y que por su ambigüedad facilita a la patronal negarlos en la práctica, permitiéndoles instrumentalizar la justicia para retrasar la aplicación de la conciliación con largos procesos judiciales. Así el permiso por cuidados de 5 días exigido por Europa se tradujo en aumentar de 2 a 5 el permiso de hospitalización restringiendo, pues, su uso únicamente al caso de hospitalización en lugar de al más genérico uso para cuidados, y descontando los 2 días que ya se tenían por ese mismo permiso anteriormente. La patronal por su parte ha denegado su retribución y aplazado la ampliación del derecho para cuando se manifieste la Justicia. Igual estrategia que utiliza en el caso del Permiso de fuerza mayor, denegándolo y judicializando el permiso, esto es, convirtiéndose el empresario, realmente, en el juez de primera instancia quedando los Juzgados de lo Social como jueces de apelación ante los hechos consumados de los empresarios, hechos que son atropellos que, en la mayoría de las ocasiones,reciben la legalización por parte de los Juzgados de lo Social que son una soberana vergüenza. En el caso del Permiso parental de 8 semanas que entonces, en contra de la directiva europea, el gobierno trasladó como permiso no remunerado, en el pasado mes de agosto, la Comisión Europea inició un proceso sancionador dando 2 meses de plazo al gobierno para modificar la ley para hacer que se remunere. Las consecuencias de tal obstaculización por parte del gobierno a legislar en favor de los trabajadores, que al no ser remunerado va a ser poco utilizado por una clase trabajadora que cada vez pierde mayor poder adquisitivo, se puede ver así traducido en multas a las arcas del estado, que igualmente repercuten en los trabajadores, dado que soportamos la carga fiscal con nuestros sueldos, y que en consecuencia veremos restringido los servicios sociales que recibimos, al ser detraído del presupuesto el coste para pagar la multa, por el incumplimiento intencionado del gobierno propatronal. Los trabajadores no solo vemos limitado nuestros derechos, sino que vamos a pagar por ello gracias al gobierno. Otros ejemplos de clasismo: Bruselas lleva a España ante la justicia europea por no haber aplicado aún el tipo mínimo de sociedades del 15% | Economía | EL PAÍS Laboral | Trabajar en la jubilación y currar de baja: las nuevas propuestas del Ministerio de Seguridad Social - El Salto - Edición General El Comité Europeo de Derechos Sociales admite la reclamación de la CIG a España sobre la insuficiencia del salario mínimo

"Justicia" clasista. Pero no solo el poder ejecutivo está a favor de la clase empresarial. Igualmente, pese a no tener que remunerar la patronal el permiso de 8 semanas, la judicialización es su opción para impedir y/o paralizar a los trabajadores el disfrute de su derecho, ya de por sí desincentivado por la pérdida de sueldo, incluso pese a que la ley en este caso no es ambigua. A diario vemos cómo poder judicial aplica la justicia de forma parcial, beneficiando a la clase empresarial: La Audiencia de Sevilla libra de la cárcel a una familia de grandes terratenientes condenados por expoliar agua a Doñana El Supremo limita el acceso a la información de los delegados sindicales en empresas con menos de 250 trabajadores | E&J Siete participantes de la huelga feminista del 2018 son condenadas a un año y medio Aún así, la legislación laboral, a diferencia del resto del régimen jurídico, está diseñada todavía de forma especialmente más desequilibrada en beneficio de los empresarios, pues otorga a éstos la facultad de ser jueces de primera instancia, y la de ser juez y parte, resolviendo en su favor conflictos en los que son parte interesada. De manera que, mientras en otros ámbitos sólo los jueces pueden juzgar la perpetración de un delito, en el ámbito laboral, los empresarios, deciden sobre los trabajadores, su vida, si éstos cumplen o no la ley laboral, o cómo ha de cumplirse, interpretandola según criterios arbitrarios, siempre en beneficio propio, por lo que en verdad, el régimen jurídico le otorga el permiso para violar la ley, en la mayoría de las ocasiones de forma impune. De manera que un empresario puede determinar un despido, lo cual se corresponde con un acto criminal de primer nivel por cuanto deja a una familia sin su fuente de vida, sea éste legal o no, y al momento la ley le permite poner al despedido fuera del centro de trabajo, sin que medie la intervención del estado. El damnificado se ve relegado a un periplo judicial, de desgaste anímico, soportando unos costes para su defensa en un momento donde sus ingresos le han sido arrebatados. Y una vez agredido, en segunda y tercera instancias, tras varios años de procedimiento judicial, amparados en una dotación ridícula de recursos para administrar justicia a los trabajadores, ya si eso, un juez interpretará si se ha vulnerado la ley. La justicia laboral, siendo así intencionadamente lenta, no es justicia, y por tanto vuelve a estar al servicio del capital, pero incluso si determina en sentencia que el empresario ha vulnerado la ley, generalmente no se le aplica ningún tipo de pena, multa o inhabilitación para ejercer como empresario, limitándose normalmente a prescribir que se cumpla la ley, y sin castigar el incumplimiento. Se entiende así que este tipo de justicia incentiva al empresario a no cumplir, pues en el peor de los casos tendrá que hacerlo años después, cuando ya no tenga sentido. El siguiente titular podría parecer que contradice lo anteriormente enunciado:

Sin embargo, la naturaleza noticiable del caso revela lo excepcional del mismo. Frente al aparente logro, la realidad es que la patronal en su conjunto ya ganó, primero retrasando la aplicación de la ley, e impidiendo a la mayoría de trabajadores/trabajadoras ejercer su derecho, al que renuncian por la penosidad que representa individualmente meterse en una lucha legal, y por otro, porque la cuantía de la sanción es ridícula en comparación al beneficio que obtienen manteniendo sometido a las plantillas bajo un régimen autoritario contrario a derecho. Dicho lo cual, siempre defenderemos que la lucha jurídica tenemos que darla, aunque partamos con desventaja, pues el abandonarla significa que la patronal tenga más fácil incumplir la ley.

Por la negociación colectiva, por un convenio de empresa. La negociación colectiva permite que trabajadores negocien con los empresarios todas sus condiciones laborales, incluida las de conciliación familiar y, fundamentalmente las económicas y la de jornada. Es por ello que desde ASC impulsamos la apertura de la negociación de convenios de empresa a través de sus representantes sindicales, contando para su ello con la presión de las plantillas movilizadas como garantía para alcanzar condiciones dignas de trabajo y de vida. La lucha, a su vez, es la mejor garantía de ganar un respeto, que ni se consigue en los juzgados, ni con las leyes de gobiernos afines a la patronal. Sólo con la amenaza de que el empresario pueda dejar de obtener el rendimiento económico que espera, para el que depende de nosotros y nuestro trabajo, podrá empezar a respetarnos, por mero incentivo crematístico que es lo que más le duele al empresario.

Los derechos que no se ejercen, se pierden. Pese a que la patronal está en ventaja a la hora de aplicar la legislación laboral, ello no debe retraernos a nosotros de exigir su cumplimiento, y desde ASC siempre defenderemos y apoyaremos a todo aquel que quiera ejercer sus derechos, y luchar por su cumplimiento aunque tengamos que embarcarnos en la batalla jurídica, a pesar que la resolución de los problemas de los trabajadores solo puede materializarse desde una cuestión clasista y no de manera individual acudiendo a un terreno de juego que es adverso como son los cauces del Estado de la Patronal. Describimos aquí las características del Permiso Parental de 8 semanas, para toda persona pueda acogerse al mismo desde el conocimiento: Requisitos: Para el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos por tiempo superior a un año, en el intervalo de edad entre 1 y 8 años. Legislación: Directiva (UE) 2019/1158, Real Decreto-ley 5/2023, artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores Retribución: Actualmente No. Debería ser retribuido desde el 2 de agosto de 2024, plazo límite dado por la directiva europea, pero la falta de desarrollo reglamentario por parte del gobierno lo impide. El incumplimiento de esto ha hecho que la Comisión Europea haya abierto expediente a España por ello el pasado septiembre, dando 2 meses de plazo para subsanar, antes de iniciar procedimiento sancionador. Duración: Máximo 8 semanas. Disfrute: Por semanas completas, no en días sueltos. Hasta 8 semanas seguidas o discontinuas. Derecho no transferible, para ambos progenitores una vez por hijo y relación laboral, que pueden simultanearse o no, salvo que ambos pertenezcan a la misma empresa ello altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa, en cuyo caso podrá ser aplazado. Solicitud: Con 10 días de antelación mínima, indicando fechas de inicio y fin. Denegación Empresarial: Legalmente No. Se trata de un derecho, donde la ley (en el papel) sólo permite al empresario un aplazamiento en caso de simultanear ambos progenitores el permiso siendo de la misma empresa, y que ello altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa. La realidad es que los empresarios lo deniegan pese a ser ilegal, abusando de la lentitud de la justicia y del desequilibrio estructural de la legislación laboral que beneficia a la patronal. Efecto en despido: Prohibición de despido por causas objetivas. Efecto en Cotizaciones: En alta en Seg. social y cotizaciones a cargo de la empresa. Efecto Otras prestaciones: al no ser una situación de desempleo no es posible solicitar paro ni subsidios en el SEPE. Efecto en Vacaciones. El TSJC acaba de sentenciar que no debe considerarse tiempo de trabajo efectivo por lo que durante su disfrute no genera derecho a vacaciones pagadas. La sentencia no es firme. Pendiente de reglamentación: Pese a ser especulaciones futuribles, se anunció un posible pago parcial del sueldo durante el permiso a cargo de la Seguridad Social. Igualmente se especula la posibilidad de disfrutar el permiso en régimen de jornada a tiempo parcial.

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EL NUEVO ACUERDO SOBRE PENSIONES: OTRA AGRESIÓN A LA CLASE OBRERA

Con el habitual cinismo y la pompa teatral correspondiente, el Gobierno "más progresista de la historia" y sus sindicatos cómplices,subvencionados y traidores a la clase obrera CC.OO y UGT, acaban de presentar públicamente el perverso acuerdo, sobre pensiones y aspectos complementarios que tiene la virtud de exponer claramente cual es la ideología y la práctica de este gobierno y el interés de sus serviles compañeros de viaje, esos "agentes sociales" que durante décadas se vienen dedicando a cortar, recortar o eliminar los derechos laborales, salariales y sociales, de la clase obrera. ¿Por qué CC.OO,UGT , la gran patronal CEOE y la pequeña y no menos explotadora CEPYME han firmado este acuerdo. La respuesta es sencilla, porque el acuerdo recoge todo el proyecto estratégico e ideológico de este sistema capitalista que nos explota, de la gran patronal, de los grandes grupos financieros. Proyecto recordamos, que tiene como objetivo central el aumento de años de actividad de los trabajadores y trabajadoras, es decir, retrasar la edad de jubilación, aunque este retraso aumente el riesgo de morir antes a los mayores de 60 años, según se recoge en varios estudios realizados recientemente. Podemos decir claramente: CAPITALISMO = MUERTE, eso es lo que han firmado el vergonzoso trío Gobierno/patronal/sindicatos. Mientras en Francia se lucha por mantener una jubilación digna a los 62 años aquí se firma una "jubilación demorada" hasta los 72 años. También se recoge que las Mutuas puedan realizar las pruebas diagnósticas en la Incapacidad Temporal (IT), a la hora de colaborar con los Servicios Público de Salud, en la realización de pruebas diagnósticas relacionadas con patologías de origen traumatológico, es decir siguen en su labor de privatización de la sanidad. El gobierno, igual que la patronal están encantados y orgullosos de haber alcanzado este acuerdo contra la clase obrera, es muy significativa la frase del Presidente que señaló en repetidas ocasiones que "Es un acuerdo destinado a perdurar". Es evidente, lleva mucho tiempo preparándose y se pone a la venta en verano, como en los tiempos de la Dictadura. Por parte de CC.OO y UGT la defensa del acuerdo ha sido numantina. Según estos "agentes sociales", que no sindicatos, solo tiene virtudes... Sentirse orgulloso de un acuerdo que permite trabajar hasta los 72 años, olvidando que gracias a sus acuerdos de 2011 sobre jubilación ordinaria a los 67 años multitud de trabajadores o han muerto o han enfermado, olvidando tantas y tantas promesas sobre jubilación anticipada para que pudieran acceder al trabajo mas jóvenes, mujeres, parados, etc, hubiera más tiempo de ocio para la cultura, para las relaciones personales y se pudiera vivir mas tiempo y con más calidad de vida, es no solo un engaño histórico, sino el ejemplo mas representativo y evidente de para qué intereses y amos trabajan estos llamados "agentes sociales" que no son mas que vendedores de nuestros derecho, y a muy buen precio (ver el apartado subvenciones a los sindicatos en los sucesivos BOE,s).

¡¡Rechazo total a este nuevo acuerdo contra los trabajadores!!

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¡¡¡SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD YA!!! ¡¡¡LA SANIDAD NO ES UN NEGOCIO!!!

Desde el sindicato de Alternativa Sindical de Clase queremos alzar la voz una vez más, y denunciar el estado tan lamentable y ruinoso en el que se encuentra nuestra sanidad pública. Es preocupante el número de personas que fallecen esperando un especialista o una intervención quirúrgica, es alarmante el estado en el que se encuentran las instalaciones de los centros hospitalarios y de los ambulatorios, la baja calidad y la ausencia de materiales sanitarios, materiales deteriorados que provocan accidentes como el ocurrido el pasado 21 de agosto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde una mujer de 95 años murió como consecuencia de una caída provocada por el mal estado de la barandilla de la camilla en la que se encontraba, a ello hay que sumar las muertes que se producen en las mismas salas de urgencias tras horas y horas de espera debido a la falta de personal médico que cubra la demanda de la población. La infrafinanciación de la sanidad en España, y desde luego en Andalucía, está pasando factura. Esta infrafinanciación está debilitando y deteriorando la calidad y el acceso a servicios esenciales como son la atención primaria o las urgencias hospitalarias, incentivando así la contratación de seguros sanitarios privados, provocando la pérdida de profesionales que emigran a otros países con mejores condiciones laborales, aumentando el número de personas en listas de espera tanto para especialistas, como para intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas, reduciendo el gasto en medicación para combatir enfermedades como el cáncer o directamente dejando de financiarlas, produciendo con ello un mayor número de muertes y el agravamiento de patologías y enfermedades crónicas. La respuesta del sistema y de los gobiernos de turno a las distintas crisis financieras ocurridas en los últimos 15 años se han basado siempre en importantes recortes en los presupuestos públicos, enfocando toda la atención y preocupación en contener el déficit y en rescatar a las entidades financieras, perdonando posteriormente la deuda a estas o a las grandes empresas y a equipos de fútbol, aumentado el gasto militar, aumentando el presupuesto a la Casa Real, inyectando dinero público a hospitales y clínicas privadas, a la educación privada y concertada... Toda esta gestión presupuestaria sigue un patrón, el de liminar lo público, lo nuestro, y con ello el estado del bienestar y los pilares que lo sostienen. Han sido muchas las luchas en defensa de la sanidad pública, son muchas las denuncias y las quejas de pacientes, usuarios y personal sanitario y pocas las huelgas generales, los llamamientos a la lucha frente a esta situación que debían de realizar los sindicatos "mayoritarios" CC.OO y UGT ante la situación sanitaria en la que nos encontramos, sindicatos que, lejos de defender a la clase obrera y lo público utilizan el poder que se les ha otorgado desde los distintos gobiernos, (siempre a cambio de multimillonarias subvenciones y prebendas de todo tipo) para participar en la implantación de leyes y medidas que nos hacen retroceder, como la impulsada por el Ministerio de la Seguridad Social, en colaboración con COO y UGT, estos sindicatos vendidos al capital, para derivar a pacientes con bajas traumatológicas a las mutuas, una forma más de privatizar poco a poco nuestra sanidad pública, eso sí, siempre los veréis portando grandes banderas con sus siglas en todas las manifestaciones donde casualmente acuden también los medios de comunicación. Es por ello que en este país existe la necesidad de sindicatos obreros de clase y combativos combatientes, con una profunda conciencia de clase, económicamente sustentados sólo y exclusivamente de las afiliaciones, sin liberadas/os, organizados y dirigidos solo por trabajadoras y trabajadores dispuestos a luchar por los derechos de la clase obrera y por lo público, sindicatos como Alternativa Sindical de Clase. Nos están robando nuestro derecho a una sanidad pública, universal y de calidad, esa que tanto les costó a nuestros mayores conseguir, esa que posiblemente no puedan disfrutar futuras generaciones, por la existencia de un capitalismo cruel que solo busca más y más beneficios, a través de empresas farmacéuticas, empresas privadas a las que se les otorga la adjudicación de servicios dentro de nuestra sanidad, de seguros privados, de clínicas y hospitales privados, de médicos que venden sus servicios desde sus clínicas privadas beneficiándose con ello de la desesperación de personas enfermas o con patologías, porque para quienes nos han gobernado y nos gobiernan y para la mayoría de sindicatos nuestra salud y nuestra sanidad pública solo es un negocio muy beneficioso. Y todo ello ante la pasividad y la complicidad en su deterioro y desmantelamiento de esos sindicatos cómplices y subvencionados que son, CCOO y UGT

¡¡¡ORGANÍZATE Y LUCHA!! ¡¡AFÍLIATE A ASC!!

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LLAMAMIENTO MANIFESTACIÓN BARRIOS HARTOS - 21 DE SEPTIEMBRE 11:30 - JUZGADOS HASTA PLAZA NUEVA

Desde la Dirección Provincial de Sevilla de Alternativa Sindical de Clase, sindicato adscrito a la Federación Sindical Mundial, y en nombre de toda nuestra afiliación, hacemos un llamamiento a la clase obrera sevillana a secundar la movilización convocada para el próximo sábado 21 de septiembre por la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos, en protesta por el abandono que sufren los barrios obreros de la ciudad de Sevilla con el deterioro y falta de servicios más básicos. Los motivos para secundar esta convocatoria sobran, pues en general, la clase obrera viene sufriendo ataques en detrimento de nuestras condiciones de vida materiales en todos los ámbitos, tanto en los centros de trabajo como en los barrios. Con la pérdida de los derechos laborales y de nuestra capacidad adquisitiva ante el aumento de los precios de los bienes básicos, vivienda, canasta, luz, combustibles, … , así como de los servicios públicos que no llegan a los vecinos. Ataques que proceden de las políticas que han ido aplicando los gobiernos, tanto del PP, como del PSOE y sus socios, de privatizaciones, externalizaciones, y contrarreformas laborales, como actualmente hacen con la Sanidad, la Educación, las Pensiones,... al igual que ya se hizo con las empresas públicas estatales como la banca y sector energético, y cuyas consecuencias padecemos. Además cuentan con la complicidad de los sindicatos mayoritarios del régimen, CCOO y UGT, que firman año tras año convenios donde se pierde poder adquisitivo, o acuerdan junto al gobierno el despliegue de los planes de pensiones empresariales en los convenios sectoriales, de los que se lucran gestionandolos junto a los empresarios, así como han acordado beneficiar a las mutuas sanitarias privadas para que gestionen las bajas traumatológicas, derivando más recursos a empresas privadas y desmantelando la sanidad pública. Ante estos continuos ataques, llamamos a la clase obrera sevillana para que se impliquen en fortalecer las organizaciones de clase vecinal y sindical, con el objetivo de construir un Poder Popular que haga frente a las agresiones que sufrimos por parte de un Estado corrupto al servicio de la patronal, y de su enriquecimiento a costa de nuestra miseria. Acude el próximo sábado 21 de septiembre a la Manifestación convocada por Barrios Hartos.

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Barrios Hartos: El Alcalde de Sevilla ignora la emergencia reconocida por el Pleno en relación a los cortes de luz

El pasado jueves 25 de julio, el pleno del Ayuntamiento sevillano, aprobó con el voto incluido del PP, la demanda efectuada por Barrios Hartos de la creación de una Comisión de Emergencia Energética ante los continuos cortes eléctricos registrados. En la moción, presentada por el PSOE, se incluye la adopción inmediata de medidas paliativas. Esta propuesta fue aprobada previamente en una reunión convocada por la organización vecinal, en la que estuvieron representados los tres niveles de la administración (central, autonómica y local) y Barrios Hartos. Sin embargo, el Gobierno local, encabezado por José Luis Sanz, da muestras de una nueva estrategia que deja a los barrios afectados en una situación similar a la anterior a la aprobación de estas medidas, entre las que se incluye la movilización de medios como generadores portátiles, cableado y cuantos medios técnicos sean necesarios para rescatar a la población de unas condiciones insoportables. Hablamos de temperaturas por encima de los 40º sin suministro eléctrico (con lo que ello conlleva) durante muchas horas, normalmente cuando más falta hace.

Desde Barrios Hartos se subraya que la diligencia que se muestra cuando se reprimen las protestas vecinales legítimas y pacíficas, se debería usar para combatir inmediatamente los efectos del desastre que se extiende por toda la ciudad y no a los afectados

Desde el pasado viernes 26 de julio, las noticias que nos llegan a través de José Luis García, concejal de Derechos Sociales, es que "están en ello". sin más detalles. Por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la Energía, encabezada por Antonio Ramírez, se asegura que ellos han hecho el trabajo de cara a activar las medidas y que ahora corresponde la iniciativa al Ayuntamiento, mientras la Subdelegación del Gobierno permanece a la espera de la petición de recursos. Para los afectados, en muchos casos llevados al límite de lo que cualquiera puede soportar, los plazos manejados y la opacidad en el "procedimiento" son claramente insatisfactorios y hostiles, generándose la sensación de un juego de la pelota que se pasa de una administración a otra, sin perspectivas reales de cambio. Desde Barrios Hartos se subraya que la diligencia que se muestra cuando se trata de reprimir las protestas vecinales legítimas y pacíficas, se debería usar para combatir inmediatamente los efectos del desastre que se extiende por toda la ciudad, a manos de la actitud irresponsable de Endesa, que falta sistemáticamente a los compromisos de mantenimiento de las infraestructuras y la complicidad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Las fallas de las instalaciones se están produciendo más allá de las zonas obreras más afectadas, incluyendo las partes más desfavorecidas de Sevilla Este y Triana. Barrios co Los Carteros, Juan XXIII, donde los cortes han sido hasta ahora más esporádicos, vuelven a es bajo la misma situación d calamidad que representa continua amenaza de no contar con un suministro esencial como es la electricidad. A la afecta a las familias trabajador se suma un desastre económico para los negocios familiares de los barrios, que se ven obligados a eliminar mercancías en mal estado por falta de conservación o directamente a cerrar. Por ello, Barrios Hartos, recogiendo este sentimiento de estar siendo ninguneados nuevamente por las instituciones, reinicia el proceso de asambleas barriales donde se decidirán las acciones coordinadas para los próximos días, con el convencimiento de que la movilización y la organización de las familias afectadas es el único camino para que se aborde un escenario grotesco generado por la insuficiencia de las instalaciones.

Nota de Prensa de Barrios Hartos, 31 de julio de 2024

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EL VERDADERO ROSTRO DE AYESA: PRECARIEDAD Y DESPIDOS

El pasado lunes, 22 de julio, las trabajadoras de la empresa SMART cedidas ilegalmente a AYESA, concretamente a ATECH BPO, empezaron a recibir cartas de despido indicando que el día 8 de julio SMART recibió un escrito de ATECH BPO, firmado por el Director General de AYESA y apoderado, Germán del Real, donde comunica a SMART la finalización "de forma anticipada" del "Contrato Marco de prestación de servicios de consultoría firmado por ATECH BPO SLU y SMART SERVICIOS AVANZADOS SL". En dichas cartas de despido, la desfachatez empresarial es tal que les comunican a los trabajadores y trabajadoras la indemnización que les corresponde y, a renglón seguido, les dicen que no les van a pagar dicha indemnización. AYESA organiza esta agresión contra los trabajadores y las trabajadoras de SMART, plenamente consciente de la existencia en los juzgados de casi una decena de denuncias por cesión ilegal, para que los despidos se produzcan en la última semana de julio, procurando que los trabajadores estén lo más desprotegidos a la hora de tomar medidas judiciales contra las dos empresas, al igual que impedir las acciones sindicales contrarias a esta tropelía y de rechazo al estar el grueso de trabajadores de AYESA de vacaciones. Y es que, en derecho laboral, el mes de agosto es hábil, y esto lo utilizan las empresas para cometer todo tipo de tropelías en ese mes contra los trabajadores y, como podemos comprobar, AYESA es una de las empresas que actúa así. Lo primero que hemos de decir es que SMART SERVICIOS AVANZADOS es una creación, allá por 2004, de la antigua SADIEL –hoy AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA–, por la que se subcontrataban, fundamentalmente a trabajadoras, que eran cedidas ilegalmente a SADIEL donde realizaban íntegramente su trabajo, algo que ha sido reconocido incluso por sentencias firmes de trabajadoras que denunciaron esta práctica ilegal. Desde hace en torno a dos años, AYESA pretendía resolver esta situación de ilegalidad, haciendo pasar a AYESA a trabajadoras y trabajadores cedidos ilegalmente por SMART, con antigüedades comprendidas entre los 13 y los 20 años, siempre que estos trabajadores renunciaran a su antigüedad, concepto este que supone una parte importante de sus salarios que, sin la antigüedad, rondarían el SMI. Esto es lo que les ofertaba AYESA. Puesto que los trabajadores y las trabajadoras no estaban dispuestos a renunciar a su antigüedad, el tándem SMART-AYESA dio un nuevo giro de tuerca hace un año utilizando el pago de los salarios como elemento de presión y coacción a los trabajadores, pagándoles tarde. Así actúan AYESA y las empresas satélites creadas para precarizar las condiciones de los trabajadores ─creando trabajadores de "primera" (empresa matriz), de segunda (subcontratados y ETT) y de tercera (becarios) en virtud de los salarios y de las condiciones laborales─ para impedir "el contagio sindical" en AYESA, para dividir a los trabajadores y fundamentalmente para que los empresarios amasen cada día más riqueza a costa del empobrecimiento de los trabajadores. Así vulnera los derechos de los trabajadores AYESA. SMART y AYESA tienen acuerdos para el pago del 50% de las indemnizaciones por condena judicial por cesión ilegal al objeto de "suavizar los costes en ambas empresas", conscientes del atentado que perpetran contra los derechos de los trabajadores. Y detrás de esta práctica, y otras muchas donde se atropellan los derechos de los trabajadores, así como la salud de los mismos, es como AYESA obtiene los obscenos dividendos que dice obtener, comunicados a bombo y platillo por una parte de la prensa incondicionalmente entregada a AYESA, vilipendiando el noble oficio de periodista y convirtiéndose en altavoz de los empresarios. ASC denuncia la forma de proceder de AYESA, agrediendo abiertamente a los trabajadores. Desde ASC exigimos la inmediata subrogación de los trabajadores de SMART por ATECH BPO respetando su antigüedad, empresa capaz de hacerlo en tanto ahora va a subrogar a en torno 200 trabajadores procedentes de otra empresa. Si piensa AYESA que esta agresión inadmisible y premeditada desde hace tiempo le va a salir gratis, se equivoca de pleno. ¡Los derechos y la dignidad no se venden, se defienden!

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Represión policial contra los vecinos de 'Barrios Hartos' por protestar para que Endesa cumpla la ley

La pasada jornada del viernes 19 de julio, nuestro sindicato ASC acudió en solidaridad de los vecinos que, organizados en la plataforma interdistritos independiente "Barrios Hartos", convocaron un acto de protesta colectiva en la oficina de atención al ciudadano del distrito Cerro-Amate de Sevilla. El acto consistía en el registro colectivo en dichas oficinas de instancias de escrito firmadas individualmente por los vecinos con una misma reclamación, la toma de medidas urgentes por parte del ayuntamiento para resolver los continuos cortes de luz diarios que padecen diferentes barrios de la ciudad desde hace años. Todo ello en vista de la llegada de una ola de calor veraniega que aún más impide llevar una vida normal dentro de las propias viviendas sin suministro eléctrico asegurado. El problema de los cortes de luz lleva dándose varios años ya, tanto en las viviendas como en el alumbrado público de diferentes barrios, el mismo tiempo que los vecinos vienen luchando y pidiendo la resolución de un problema que les impide vivir dignamente: niños estudiando a la luz de las velas por las tardes de invierno, comidas que se deterioran por falta de refrigeración, electrodomésticos que se averían, calor infernal en los meses de verano, fiestas navideñas a oscuras, familias con bebés o ancianos que no pueden disponer del mínimo de condiciones saludables, oscuridad que dificulta la movilidad de personas mayores con visibilidad reducida y susceptibles de caídas; problema que incluso ha sido el causante del fallecimiento de varias personas dependientes de soporte vital médico, todo ello por interrupciones del suministro eléctrico continuos, diarios y aleatorios, que en ocasiones se han prolongado hasta más de 16 horas. La causa del problema: la falta de inversión, mantenimiento y renovación de infraestructuras y transformadores muy antiguos que han quedado obsoletos. Unos incumplimientos de la ley por parte de la compañía eléctrica Endesa, que una vez privatizada con el ánimo de lucro por delante, no ve sentido a acometer dichas inversiones en unos barrios humildes, al no ser rentable el retorno. Y ello pese a estar obligados por ley, al tratarse de un servicio básico fundamental y pese a reconocer que dichas instalaciones no cumplen los mínimos de potencia legales a los que están obligados (en 16 de 21 transformadores auditados). Un problema que no es exclusivo de la capital Sevillana, dándose el mismo caso en otras provincias y barrios andaluces, donde igualmente coincide el carácter humilde de las zonas donde se producen los cortes de suministro, lo que nos lleva a constatar que el problema es de voluntad de los accionistas dirigentes de la compañía, que no dudan en saltarse la ley, conscientes de la impunidad que el Estado les otorga para no hacerlo. Los vecinos en Sevilla, tras años de lucha, de reuniones con las instituciones, Ayuntamiento, empresa y Junta de Andalucía, únicamente han recibido como respuesta la criminalización de los vecinos y su culpabilidad en el problema, comisiones de estudio como excusas para dilatar las soluciones, que han terminado con auditorías opacas que no han sido entregadas a los vecinos, salvo la enumeración verbal de sus conclusiones que han sido las mismas a las planteadas previamente a la auditoría: culpabilizar a los vecinos. No obstante, en las mismas ya dan cuenta de las deficiencias de los centros de transformación, de su falta de potencia y de cómo otros barrios más adinerados sí que han recibido las inversiones que los vecinos reclaman. El acto del viernes tuvo desde primera hora (10:00h) una fuerte presencia policial, pese a ser un acto que los vecinos no comunicaron a las autoridades. De lo cual se deduce que estaban perfectamente informados dado el seguimiento que los operativos policiales hacen de los movimientos sociales, a los que vigilan con lupa todos sus pasos, y tratan como a grupos de delincuencia organizada. Primero con la presencia de la policía local, mandatados por el ayuntamiento, con 3 furgonetas y más de 10 efectivos, que fue sustituido por la policía nacional, con cerca de 20 efectivos, coincidiendo hasta 8 furgonetas en las inmediaciones. Los vecinos circundantes, ante tal despliegue, llegaron a atribuirlo al cometimiento de un atentado. En torno a las 13:00 el operativo policial estableció la prohibición de acceder los usuarios al centro, donde se da el habitual servicio de atención a las gestiones con los distintos organismos del ayuntamiento (padrón, suministros de luz y agua, Tussam, etc...), colocándose en los accesos al edificio y en su entrada principal, restringiendo e identificando a todos los que salían del edificio. Igualmente obligaron a los periodistas y cámaras allí presentes a abandonar el recinto exterior del edificio con el argumento de que no tenían autorización para estar alli, y a situarse en la calle, desde donde no podrían ser testigos de lo que tenían planeado. Desde mediados de la mañana, los vecinos supimos que el operativo montado por la policía nacional tenía un único propósito: detener al compañero portavoz del movimiento vecinal, Juan, el mismo que salió haciendo declaraciones ante los medios, y que estuvo presente pacíficamente durante todo el acto fuera del edificio, mientras la mayoría de vecinos se concentraban en la sala de recepción pública del distrito, coreando sus reivindicaciones y emitiendo sus discursos y reclamaciones. La represión a este compañero viene motivada por su carácter dirigente del movimiento y en esta ocasión para escenificar su reincidencia "delictiva" e intentar la acumulación de antecedentes por criminalidad. Ya estuvo detenido en anterior ocasión, donde en una manifestación por el mismo problema de suministros, que se desarrolló de forma pacífica salvo por la actuación policial, fue reducido violentamente con la cara contra el suelo con hasta 4 efectivos, simplemente por recriminar la violencia de otro policía al provocar éste último la caída al suelo de un manifestante de edad avanzada. Operación igualmente orquestada, pues sin ni siquiera poder terminar su recriminación verbal, fue placado por otro policía por la espalda, ajeno a la discusión, pero que claramente estaba buscando la excusa para su detención. En esta ocasión, la detención tuvo lugar poco antes de las 15:00 durante la negociación con representantes del PP del ayuntamiento, que solicitaron su presencia en el interior del edificio, y que tras un prolongado diálogo donde se emplazaron a una reunión para esa misma tarde para abordar de forma urgente la problemática, éstos mismos le indicaron que la policía quería hablar con él, a lo cual al acceder el compañero Juan y apartarlo del resto de compañeros de dentro del edificio, sin que éstos advirtieran la maniobra, fue forzado a entrar en otra habitación, desde donde lo sacaron por la puerta trasera, en una operación perfectamente orquestada entre la policía y la propia directora del centro, que perseguían realizar una detención sin que se produjera documentación gráfica de la misma, y que pareció más un secuestro que una detención. La concentración por tanto tuvo que ser abortada y sus miembros se desplazaron a las dependencias de la Policía Nacional, en Blas Infante, a la espera de la liberación del compañero Juan. Allí, la Policía Nacional continuó la provocación hacia los presentes, y trató de interponer atestados o multas símplemente por estar uno de los compañeros apoyado en un vehículo aparcado, para cuya recriminación movilizaron un vehículo oficial más otra furgoneta con la que intimidarnos con hasta 4 efectivos policiales, y en cuya discusión absurda, obligaron a su identificación a otro compañero de ASC, al que advirtieron de abrir atestado por el delito de acusar al agente del delito de amenazas. Todo por apoyarse en un coche. También advirtieron de interponer atestados por manifestación ilegal a los compañeros presentes, por el uso desde ASC de banderas y los silbatos, que ante la sede policial despertaba la solidaridad que recibíamos por ello desde los vehículos que circulaban por la vía colindante. Lo cual efectivamente causa daño a su falsa imagen de defensores de la ley. Finalmente el compañero detenido fué liberado bien entrada la tarde con cargos de allanamiento. Allanamiento por entrar a un edificio en horario de atención pública, además a petición de un representante del PP del propio ayuntamiento para entablar conversaciones. La palabra lawfare viene a la mente una vez más ante tanto despropósito. Vemos que en esta democracia de cartón-piedra, pedir que se cumpla la ley te convierte en criminal. Y ocurre si a quién se pide que cumpla es un empresario o una gran corporación, como es el caso de Endesa, una de las empresas públicas más rentables que fué privatizada por los gobiernos del PSOE y PP, para enriquecer a una élite empresarial a costa de desangrar al pueblo con las tarifas más caras de Europa y que en compensación a los servicios prestados, se conforma como empresa de destino manifiesto de puertas giratorias de políticos de todos los colores, PSOE, PSOC, PP, CDC, ERC, incluso dirigentes sindicales de las cúpulas de CCOO y UGT. Hay que recordar como destacados entre los "consejeros" de Endesa, que llegaron al cargo como retiro de sus carreras políticas, a: Borja Prado, presidente de Endesa desde 2009 hasta la actualidad, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, antiguo administrador privado del Rey Juan Carlos I, descendiente de Cristóbal Colón, condenado a cárcel por los casos Wardbase, KIO y Grand Tibidabo. Ex presidente Jose María Aznar. Que tiene además en su historial el ser cómplice de iniciar una guerra fundamentada en mentiras, contra el derecho internacional violando la Carta de las ONU, que además de causar más de un millón de muertos directos, fue la causante del mayor atentado terrorista perpetrado en territorio nacional. Que ostenta un considerable récord de mayoría de ex ministros condenados por casos de corrupción. Ejecutor final del expolio de las empresas públicas que inició su antecesor y no menos criminal Felipe González, y que promulgó las leyes del suelo que sentaron las bases de la especulación con la vivienda, que desde entonces asfixia la economía de las familias obreras españolas, y que provocó la burbuja que estallaría en la crisis de 2008, acabando a la par con las cajas de ahorros, la hucha de las pensiones, disparando la deuda pública, el desempleo, ... Diputado y Senador franquista, Rodolfo Martín Villa, que pasó por la Falange, UCD y PP. En busca y captura desde 2014 por crímenes de lesa humanidad siendo responsable del Ministerio del interior con Adolfo Suarez por la masacre de los sucesos de Vitoria de 1974, donde la policía disparó a muerte con ametralladoras contra una Asamblea de trabajadores reunida en una iglesia. Masacre que se saldó con 5 asesinados y 150 heridos más otros 2 asesinados en la fase de represión de las protestas posteriores. Fue presidente de Endesa designado por José María Aznar para llevar a cabo su privatización. Miguel Blesa, compañero de Aznar como inspector de Hacienda, entró en Endesa tras su privatización. Condenado a siete años de cárcel por el caso de las tarjetas black. Miquel Roca. CDC (Convergència Democràtica de Catalunya). Padre de la Constitución, heredera de las Leyes Fundamentales Franquistas, donde se dejó por escrito todo "atado y bien atado", y que sólo se cumple cuando favorece a las élites que la promulgaron. Amigo personal de Juan Carlos I y abogado de la Infanta Cristina en el 'Caso Noos'. En el consejo de administración de Endesa como externo independiente desde 2009. Pío Cabanillas Alonso, portavoz del Gobierno de Aznar en 2000-2002, fue director general corporativo de Endesa entre 2007 y 2009, actualmente asesor de la empresa del Ibex 35 Acciona. José Manuel Fernández Norniella, diputado del PP y condenado por el caso de las tarjetas black. Luís de Guindos, exministro de Economía y secretario de estado de Economía con Rodrigo Rato, condenado este último por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Los socialistas Pedro Solves y Elena Salgado, que también fué presidenta de la patronal AEC, firmante del anterior convenio sectorial TIC. Secretarios generales de Cataluña de CCOO, Joan Coscubiela y Joan Carles Gallego. El actual secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asesor regional de Endesa en Cataluña entre 2014 y 2016 Queda patente con esta enumeración el papel corruptor de la corporación eléctrica y el papel corrupto de los políticos, y que dirigen el estado para beneficiar a esta y otras corporaciones de su calibre, así como patente queda su interrelación de intereses. El Estado, independientemente del color político que gobierne, en su conjunto se reduce a un mero administrador de los intereses de una élite, de tal forma que ésta quedará impune y absuelta de los crímenes e ilegalidades que cometa, y por contra serán defendidas de la presión popular de trabajadores y vecinos, que con organización y lucha exijan el cumplimiento de la ley, criminalizando la protesta empujando a los cuerpos de seguridad estatales para soliviantarla, reducirla y minimizarla, en lugar de perseguir a los criminales de la patronal. La represión de los vecinos de los barrios obreros debe servirnos a todos para entender el papel al que los trabajadores nos vemos relegados dentro de esta sociedad desigual e injusta, donde nuestros derechos son pisoteados y nuestras condiciones laborales y de vida van siendo deterioradas de forma planificada con cada ley o sentencia judicial. Una sociedad donde la ley no es igual para todos, que se utiliza contra los trabajadores si éstos reclaman sus derechos y donde los empresarios pueden saltársela impunemente. Es prioritario que una vez seamos conscientes de la sociedad en la que vivimos, veamos la necesidad de formar parte de la solución, de la lucha a la cual temen y que tanto invierten en silenciar, conscientes de que la clase trabajadora cuando empiece a moverse, arrasará con toda injusticia, corruptores y corruptos para finalmente construir un mundo nuevo libre de la barbarie capitalista.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A ASC!

SECRETARÍA PROVINCIAL DE SEVILLA DE A.S.C.

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