| La pasada jornada del viernes 19 de julio, nuestro sindicato ASC acudió en solidaridad de los vecinos que, organizados en la plataforma interdistritos independiente "Barrios Hartos", convocaron un acto de protesta colectiva en la oficina de atención al ciudadano del distrito Cerro-Amate de Sevilla. El acto consistía en el registro colectivo en dichas oficinas de instancias de escrito firmadas individualmente por los vecinos con una misma reclamación, la toma de medidas urgentes por parte del ayuntamiento para resolver los continuos cortes de luz diarios que padecen diferentes barrios de la ciudad desde hace años. Todo ello en vista de la llegada de una ola de calor veraniega que aún más impide llevar una vida normal dentro de las propias viviendas sin suministro eléctrico asegurado. El problema de los cortes de luz lleva dándose varios años ya, tanto en las viviendas como en el alumbrado público de diferentes barrios, el mismo tiempo que los vecinos vienen luchando y pidiendo la resolución de un problema que les impide vivir dignamente: niños estudiando a la luz de las velas por las tardes de invierno, comidas que se deterioran por falta de refrigeración, electrodomésticos que se averían, calor infernal en los meses de verano, fiestas navideñas a oscuras, familias con bebés o ancianos que no pueden disponer del mínimo de condiciones saludables, oscuridad que dificulta la movilidad de personas mayores con visibilidad reducida y susceptibles de caídas; problema que incluso ha sido el causante del fallecimiento de varias personas dependientes de soporte vital médico, todo ello por interrupciones del suministro eléctrico continuos, diarios y aleatorios, que en ocasiones se han prolongado hasta más de 16 horas. La causa del problema: la falta de inversión, mantenimiento y renovación de infraestructuras y transformadores muy antiguos que han quedado obsoletos. Unos incumplimientos de la ley por parte de la compañía eléctrica Endesa, que una vez privatizada con el ánimo de lucro por delante, no ve sentido a acometer dichas inversiones en unos barrios humildes, al no ser rentable el retorno. Y ello pese a estar obligados por ley, al tratarse de un servicio básico fundamental y pese a reconocer que dichas instalaciones no cumplen los mínimos de potencia legales a los que están obligados (en 16 de 21 transformadores auditados). Un problema que no es exclusivo de la capital Sevillana, dándose el mismo caso en otras provincias y barrios andaluces, donde igualmente coincide el carácter humilde de las zonas donde se producen los cortes de suministro, lo que nos lleva a constatar que el problema es de voluntad de los accionistas dirigentes de la compañía, que no dudan en saltarse la ley, conscientes de la impunidad que el Estado les otorga para no hacerlo. Los vecinos en Sevilla, tras años de lucha, de reuniones con las instituciones, Ayuntamiento, empresa y Junta de Andalucía, únicamente han recibido como respuesta la criminalización de los vecinos y su culpabilidad en el problema, comisiones de estudio como excusas para dilatar las soluciones, que han terminado con auditorías opacas que no han sido entregadas a los vecinos, salvo la enumeración verbal de sus conclusiones que han sido las mismas a las planteadas previamente a la auditoría: culpabilizar a los vecinos. No obstante, en las mismas ya dan cuenta de las deficiencias de los centros de transformación, de su falta de potencia y de cómo otros barrios más adinerados sí que han recibido las inversiones que los vecinos reclaman. El acto del viernes tuvo desde primera hora (10:00h) una fuerte presencia policial, pese a ser un acto que los vecinos no comunicaron a las autoridades. De lo cual se deduce que estaban perfectamente informados dado el seguimiento que los operativos policiales hacen de los movimientos sociales, a los que vigilan con lupa todos sus pasos, y tratan como a grupos de delincuencia organizada. Primero con la presencia de la policía local, mandatados por el ayuntamiento, con 3 furgonetas y más de 10 efectivos, que fue sustituido por la policía nacional, con cerca de 20 efectivos, coincidiendo hasta 8 furgonetas en las inmediaciones. Los vecinos circundantes, ante tal despliegue, llegaron a atribuirlo al cometimiento de un atentado. En torno a las 13:00 el operativo policial estableció la prohibición de acceder los usuarios al centro, donde se da el habitual servicio de atención a las gestiones con los distintos organismos del ayuntamiento (padrón, suministros de luz y agua, Tussam, etc...), colocándose en los accesos al edificio y en su entrada principal, restringiendo e identificando a todos los que salían del edificio. Igualmente obligaron a los periodistas y cámaras allí presentes a abandonar el recinto exterior del edificio con el argumento de que no tenían autorización para estar alli, y a situarse en la calle, desde donde no podrían ser testigos de lo que tenían planeado. Desde mediados de la mañana, los vecinos supimos que el operativo montado por la policía nacional tenía un único propósito: detener al compañero portavoz del movimiento vecinal, Juan, el mismo que salió haciendo declaraciones ante los medios, y que estuvo presente pacíficamente durante todo el acto fuera del edificio, mientras la mayoría de vecinos se concentraban en la sala de recepción pública del distrito, coreando sus reivindicaciones y emitiendo sus discursos y reclamaciones. La represión a este compañero viene motivada por su carácter dirigente del movimiento y en esta ocasión para escenificar su reincidencia "delictiva" e intentar la acumulación de antecedentes por criminalidad. Ya estuvo detenido en anterior ocasión, donde en una manifestación por el mismo problema de suministros, que se desarrolló de forma pacífica salvo por la actuación policial, fue reducido violentamente con la cara contra el suelo con hasta 4 efectivos, simplemente por recriminar la violencia de otro policía al provocar éste último la caída al suelo de un manifestante de edad avanzada. Operación igualmente orquestada, pues sin ni siquiera poder terminar su recriminación verbal, fue placado por otro policía por la espalda, ajeno a la discusión, pero que claramente estaba buscando la excusa para su detención. En esta ocasión, la detención tuvo lugar poco antes de las 15:00 durante la negociación con representantes del PP del ayuntamiento, que solicitaron su presencia en el interior del edificio, y que tras un prolongado diálogo donde se emplazaron a una reunión para esa misma tarde para abordar de forma urgente la problemática, éstos mismos le indicaron que la policía quería hablar con él, a lo cual al acceder el compañero Juan y apartarlo del resto de compañeros de dentro del edificio, sin que éstos advirtieran la maniobra, fue forzado a entrar en otra habitación, desde donde lo sacaron por la puerta trasera, en una operación perfectamente orquestada entre la policía y la propia directora del centro, que perseguían realizar una detención sin que se produjera documentación gráfica de la misma, y que pareció más un secuestro que una detención. La concentración por tanto tuvo que ser abortada y sus miembros se desplazaron a las dependencias de la Policía Nacional, en Blas Infante, a la espera de la liberación del compañero Juan. Allí, la Policía Nacional continuó la provocación hacia los presentes, y trató de interponer atestados o multas símplemente por estar uno de los compañeros apoyado en un vehículo aparcado, para cuya recriminación movilizaron un vehículo oficial más otra furgoneta con la que intimidarnos con hasta 4 efectivos policiales, y en cuya discusión absurda, obligaron a su identificación a otro compañero de ASC, al que advirtieron de abrir atestado por el delito de acusar al agente del delito de amenazas. Todo por apoyarse en un coche. También advirtieron de interponer atestados por manifestación ilegal a los compañeros presentes, por el uso desde ASC de banderas y los silbatos, que ante la sede policial despertaba la solidaridad que recibíamos por ello desde los vehículos que circulaban por la vía colindante. Lo cual efectivamente causa daño a su falsa imagen de defensores de la ley. Finalmente el compañero detenido fué liberado bien entrada la tarde con cargos de allanamiento. Allanamiento por entrar a un edificio en horario de atención pública, además a petición de un representante del PP del propio ayuntamiento para entablar conversaciones. La palabra lawfare viene a la mente una vez más ante tanto despropósito. Vemos que en esta democracia de cartón-piedra, pedir que se cumpla la ley te convierte en criminal. Y ocurre si a quién se pide que cumpla es un empresario o una gran corporación, como es el caso de Endesa, una de las empresas públicas más rentables que fué privatizada por los gobiernos del PSOE y PP, para enriquecer a una élite empresarial a costa de desangrar al pueblo con las tarifas más caras de Europa y que en compensación a los servicios prestados, se conforma como empresa de destino manifiesto de puertas giratorias de políticos de todos los colores, PSOE, PSOC, PP, CDC, ERC, incluso dirigentes sindicales de las cúpulas de CCOO y UGT. Hay que recordar como destacados entre los "consejeros" de Endesa, que llegaron al cargo como retiro de sus carreras políticas, a: -
Borja Prado, presidente de Endesa desde 2009 hasta la actualidad, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, antiguo administrador privado del Rey Juan Carlos I, descendiente de Cristóbal Colón, condenado a cárcel por los casos Wardbase, KIO y Grand Tibidabo. -
Ex presidente Jose María Aznar. Que tiene además en su historial el ser cómplice de iniciar una guerra fundamentada en mentiras, contra el derecho internacional violando la Carta de las ONU, que además de causar más de un millón de muertos directos, fue la causante del mayor atentado terrorista perpetrado en territorio nacional. Que ostenta un considerable récord de mayoría de ex ministros condenados por casos de corrupción. Ejecutor final del expolio de las empresas públicas que inició su antecesor y no menos criminal Felipe González, y que promulgó las leyes del suelo que sentaron las bases de la especulación con la vivienda, que desde entonces asfixia la economía de las familias obreras españolas, y que provocó la burbuja que estallaría en la crisis de 2008, acabando a la par con las cajas de ahorros, la hucha de las pensiones, disparando la deuda pública, el desempleo, ... -
Diputado y Senador franquista, Rodolfo Martín Villa, que pasó por la Falange, UCD y PP. En busca y captura desde 2014 por crímenes de lesa humanidad siendo responsable del Ministerio del interior con Adolfo Suarez por la masacre de los sucesos de Vitoria de 1974, donde la policía disparó a muerte con ametralladoras contra una Asamblea de trabajadores reunida en una iglesia. Masacre que se saldó con 5 asesinados y 150 heridos más otros 2 asesinados en la fase de represión de las protestas posteriores. Fue presidente de Endesa designado por José María Aznar para llevar a cabo su privatización. -
Miguel Blesa, compañero de Aznar como inspector de Hacienda, entró en Endesa tras su privatización. Condenado a siete años de cárcel por el caso de las tarjetas black. -
Miquel Roca. CDC (Convergència Democràtica de Catalunya). Padre de la Constitución, heredera de las Leyes Fundamentales Franquistas, donde se dejó por escrito todo "atado y bien atado", y que sólo se cumple cuando favorece a las élites que la promulgaron. Amigo personal de Juan Carlos I y abogado de la Infanta Cristina en el 'Caso Noos'. En el consejo de administración de Endesa como externo independiente desde 2009. -
Pío Cabanillas Alonso, portavoz del Gobierno de Aznar en 2000-2002, fue director general corporativo de Endesa entre 2007 y 2009, actualmente asesor de la empresa del Ibex 35 Acciona. -
José Manuel Fernández Norniella, diputado del PP y condenado por el caso de las tarjetas black. -
Luís de Guindos, exministro de Economía y secretario de estado de Economía con Rodrigo Rato, condenado este último por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. -
Los socialistas Pedro Solves y Elena Salgado, que también fué presidenta de la patronal AEC, firmante del anterior convenio sectorial TIC. -
Secretarios generales de Cataluña de CCOO, Joan Coscubiela y Joan Carles Gallego. -
El actual secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asesor regional de Endesa en Cataluña entre 2014 y 2016 Queda patente con esta enumeración el papel corruptor de la corporación eléctrica y el papel corrupto de los políticos, y que dirigen el estado para beneficiar a esta y otras corporaciones de su calibre, así como patente queda su interrelación de intereses. El Estado, independientemente del color político que gobierne, en su conjunto se reduce a un mero administrador de los intereses de una élite, de tal forma que ésta quedará impune y absuelta de los crímenes e ilegalidades que cometa, y por contra serán defendidas de la presión popular de trabajadores y vecinos, que con organización y lucha exijan el cumplimiento de la ley, criminalizando la protesta empujando a los cuerpos de seguridad estatales para soliviantarla, reducirla y minimizarla, en lugar de perseguir a los criminales de la patronal. La represión de los vecinos de los barrios obreros debe servirnos a todos para entender el papel al que los trabajadores nos vemos relegados dentro de esta sociedad desigual e injusta, donde nuestros derechos son pisoteados y nuestras condiciones laborales y de vida van siendo deterioradas de forma planificada con cada ley o sentencia judicial. Una sociedad donde la ley no es igual para todos, que se utiliza contra los trabajadores si éstos reclaman sus derechos y donde los empresarios pueden saltársela impunemente. Es prioritario que una vez seamos conscientes de la sociedad en la que vivimos, veamos la necesidad de formar parte de la solución, de la lucha a la cual temen y que tanto invierten en silenciar, conscientes de que la clase trabajadora cuando empiece a moverse, arrasará con toda injusticia, corruptores y corruptos para finalmente construir un mundo nuevo libre de la barbarie capitalista. |
